Gustavo Yitzaack Garibay López


Las instituciones culturales de Morelos atraviesan por una de las mayores crisis de que se tenga memoria. Nunca muchos hicieron tan poco. Una pléyade de personas con escasa formación en materia de administración cultural se ha instalado como responsable del diseño de presupuestos y la operación de museos, casas de cultura, organismos descentralizados, fideicomisos y centros de desarrollo cultural comunitario, lo mismo sectorizados a la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) del gobierno del estado de Morelos que a los Ayuntamientos de los 36 municipios.
Todo parece indicar que, por lo menos al principio, la administración de Cuauhtémoc Blanco se alinearía a la visión federal de una “cultura para la paz, para el bienestar y para todos” (Eje 2. Política Social, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-202). Nada de eso sonaba descabellado, el triunfo del futbolista había sido resultado de la alianza PES, Morena y PT. Siguiendo la impronta de la austeridad republicana, signo Cuarta Transformación, la polémica fusión de la Secretaría de Turismo y Cultura generó suspicacias y desaprobación entre el sector cultural, a pesar de que uno de los argumentos fue eficientar el gasto público comprimiendo áreas para disminuir el gigantismo de la burocracia gubernamental.
Frente a la otrora dispendiosa, centralista y demagógica Secretaría de Cultura del graquismo (“La Cultura, un derecho de la gente”), gobierno marcado por la corrupción, el rediseño institucional de la STyC sugería un innovador enfoque con posibilidades de elaborar políticas públicas orientadas al desarrollo cultural de las comunidades, abrazando de manera sostenible los recursos de esta región suriana en tanto que potencia por la riqueza y diversidad de su biopatrimonio cultural.
Desde mi perspectiva, en principio el debate no solo era nominal -a pesar de la conflictiva relación entre Turismo y Cultura-, sino vocacional y legal a partir de las facultades de que estaría dotada tanto la institución como la persona titular, es decir hacia dónde se orientarían los proyectos de uno y otro sector y cuáles serían sus convergencias, pero también sus límites. Creo que nunca lo tuvieron claro quienes intervinieron en la elaboración de la reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y mucho menos los integrantes de la LIV que la aprobaron. Ya en plena pandemia, luego de casi dos años, la renuncia de la entonces secretaria de cultura Margarita González Saravia para ocupar el cargo de directora de la Lotería Nacional despejó toda duda y confirmó lo que todos sabíamos, que un proyecto cultural sin presupuesto y respaldo político no tiene futuro.
Como resultado de su nulo conocimiento e interés sobre los procesos culturales, la educación artística y el patrimonio cultural material e inmaterial del estado de Morelos, por parte de la secretaria de Turismo y Cultura, Julieta Goldzweig Cornejo, y de colaboradores cercanos como su secretaria técnica Paulina Melchor Vázquez o del coordinador de desarrollo turístico, Abdiel Amirov Guerrero Rojas, advertimos el hundimiento de una institución que se ha convertido en elefante blanco, apenas capaz de organizar eventos deslucidos e instalar pantallas para proyectar los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol durante el Mundial de Qatar 2022, modalidad en que también participó la diputada Edi Margarita Soriano Barrera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado. Esperamos que, con ese mismo entusiasmo, ambas instituciones cooperen para que sea publicada la Ley de Cultura y Derechos Culturales para el Estado de Morelos que fuera aprobada de manera unánime el 8 de diciembre de 2021.

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