Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Al cumplirse 8 años de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), como organización peticionaria, presentamos un balance crítico de las acciones y medidas tomadas por las dependencias del Gobierno del Estado y de los 9 Municipios que están incluidos, así como el concentrado de datos sobre la violencia feminicida que sigue aumentando en la medida que las instituciones no garantizan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
El Gobernador del Estado de Morelos lleva 5 años en el poder, sin embargo, no ha presentado ningún avance en la atención específica de la Alerta de Violencia de Género. Aún cuando a su llegada, ya había sido declarada la AVG. El Poder Ejecutivo dista mucho de mandar un mensaje a la ciudadanía de “Cero Tolerancia”, pues la simulación, omisión y negligencia, han marcado al gobierno, en razón de la falta de atención a la Violencia Feminicida que se mantiene en los más altos niveles.
Los feminicidios documentados de enero al 31 de julio del 2023 son 57. Dando un total de 1360 feminicidios en casi 23 años (del año 2000 a julio de 2023). A 8 años de la AVG en Morelos han ocurrido pérdida de vidas de mujeres que se podrían haber evitado aplicando todas las medidas de atención, prevención y sanción.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos, por primera vez presentó un informe sobre los 8 años de la AVG, en donde reporta que tiene Carpetas Administrativas Registradas con Clasificación de Víctimas del Delito de Feminicidio, Homicidio Culposo y Homicidio Doloso del año 2015 al año 2022, dando un Total de 358. Mientras que, para las mismas fechas, la CIDHM ha documentado 684 Destacando que hay por lo menos 326 muertes violentas de mujeres que no están reportadas por el TSJ. El TSJ no reportó cifras para el año 2023.
Ahora bien, el TSJ reporta que las Carpetas Administrativas de Feminicidios Registradas con Sentencias son tan sólo 55, del año 2015 al año 2022, siendo el año 2015 en el que se registraron la mayor cantidad de Sentencias Emitidas, con 12.
En cuanto a los años de las sentencias, van de los 20 hasta los 140 años de prisión. Cabe destacar que el delito de Feminicidio es considerado Grave y los años mínimos de prisión son de 40. Y en un delito grave puede considerarse además agravantes o conjuntarse con otros delitos, razón por la cual las penas se pueden sumar. Pero en Delitos Graves, no puede haber atenuantes, y al haber penas de la mitad de la sentencia mínima, se incurre en Violencia Institucional por parte de las Autoridades encargadas de dictar las sentencias.
Agradecemos que, por primera vez en 8 años de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el Congreso del Estado, entregara su informe a la CIDHM, con respecto al cumplimiento de la AVG. Al analizar su informe, observamos que de las 11 Medidas de la AVG que debe cumplir, 5 se dan en Proceso de Cumplimiento y 6 se dan por No Cumplidas.
Consideramos esta situación más grave aún en el contexto del incremento de casos de feminicidio que llevaron a crear una comisión especial, sin tomar en consideración el conjunto de casos que ocurren cotidianamente y sin ir a las causas profundas que lo hacen posible. Sin embargo, esta “Comisión” no tiene un objetivo claro, una metodología de acción, los resultados esperados y la manera en cómo serán medibles estos resultados. No ha cumplido el compromiso de entregar un informe. Por lo que se hace más necesaria la reunión de la CIDHM y el Congreso del Estado, para que sean las y los mismos legisladores quienes aclaren estas dudas.
Porque 8 años de AVG han mostrado que cuando se aplican las medidas decretadas ha logrado disminuir el feminicidio en determinados municipios, sin embargo, cuando se dejan de aplicar inmediatamente vuelve a sus niveles precedentes la violencia feminicida. El máximo criterio de cumplimiento de las medidas es el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que no se ha cumplido. Por ello exigimos el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; no basta sancionar a una persona por un solo caso de feminicidio, sino que se debe sancionar a todas las autoridades del nivel que sean que han incurrido en omisiones, negligencia, dilación o complicidad.
Para lograr la justicia para las víctimas de feminicidio, hoy más que nunca se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos; y para alcanzar la satisfacción de sus derechos, se requiere implementar todas las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de las violencias contra las Mujeres. Entre las medidas a adoptar, se encuentran pendientes, la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.
Por todo lo anterior es más urgente que nunca que la sociedad mantenga en alto la exigencia de que el Estado garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Morelos.
