José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
La lucha por los derechos laborales enfrenta obstáculos crecientes ante el afán desmedido de los capitalistas de obtener cada vez mayores ganancias. Las pérdidas sociales significan beneficios privados. Aún en medio de la pandemia que significó millones de muertes en todo el mundo, con el crecimiento del desempleo y la miseria, la riqueza de los súper ricos durante la pandemia aumentó 2.7 mil millones de dólares por día, de acuerdo al reciente informe de Oxfam sobre la desigualdad global. El 1% más rico acumuló alrededor del 63% de la nueva riqueza generada entre 2020 y 2021, mientras el 99% más pobre acumuló el 37% de la nueva riqueza generada en el mismo período. En tanto, los salarios de más de 1700 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo crecen por debajo de lo que sube la inflación. En 2022, las empresas energéticas y de la alimentación duplicaron con creces sus beneficios, distribuyendo 257 mil millones de dólares en dividendos a sus ricos accionistas, mientras que más de 800 millones de personas iban a la cama con hambre cada noche. Los objetivos del milenio de reducir la pobreza en 2030 son cada vez más lejanos, mientras que el servicio de la deuda externa está llevando a países enteros a la bancarrota. Los países más pobres destinan cuatro veces más ingresos al servicio de la deuda que se paga a acreedores privados, que al gasto en salud pública. Todo ello tiene una clara explicación: por cada dólar de nueva riqueza obtenida por una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un multimillonario se embolsa 1,7 millones de dólares.
Cuando estalla una crisis económica, las y los trabajadores son los primeros en sufrir las consecuencias, en forma de reducciones salariales y pérdida de empleo. Durante la pandemia del Covid 19 se tuvo una pérdida de horas de trabajo casi cuatro veces mayor que durante la crisis mundial de 2008, siendo las mujeres y los pueblos indígenas los más afectados. Las mujeres perdieron más de 64 millones de empleos, lo que significó al menos 800 000 millones de dólares en pérdida de ingresos.
Estos datos muestran la grave situación mundial que vive la clase trabajadora ante los embates del capital. Ante ello, es fundamental reactivar las luchas sindicales y sociales en defensa de los derechos humanos laborales. Así es como lo constatamos en las reuniones y actividades de las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética. En momentos en que crece la desigualdad social y el sector informal de la economía, se lanzan ataques en contra de los sindicatos que a lo largo de la historia han logrado establecer una serie de conquistas a través de los contratos colectivos de trabajo. Es el caso del Sindicato de Telefonistas, que durante décadas ha llevado a cabo huelgas y luchas para lograr establecer una serie de derechos que hoy están bajo ataque por parte del empresario Carlos Slim, uno de los 10 más ricos del mundo. El reciente acuerdo firmado ante la Secretaría del Trabajo, para disminuir las condiciones de jubilación para el nuevo personal que se contrate, muestra como la ofensiva del capital para hacer pagar a los trabajadores el costo de la crisis es cada día más agresiva. Si bien el Sindicato de Telefonistas estalló una huelga y se ha movilizado en conjunto con organizaciones de la UNT, esto no ha logrado modificar la correlación de fuerzas entre las clases sociales para obtener un triunfo de la clase trabajadora. Nuevas luchas están por venir y se requiere ir más allá de la lucha de cada sindicato de manera asilada para revertir la ofensiva empresarial. Así lo han mostrado también los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quienes se encuentran en pleno proceso de elección de su nuevo Comité Ejecutivo, a la vez que elevan su voz para preservar el IMTA frente a los afanes de integrarlo al aparato burocrático de la CONAGUA y poner en riesgo sus conquistas establecidas en el contrato colectivo de trabajo. Situación similar se observa en los institutos de investigación, como el INIFAP, donde el recorte presupuestal puede afectar investigaciones vitales para lograr mejorar la producción campesina y defender la soberanía alimentaria, o lo que está ocurriendo en el INAH donde también se ven en la necesidad de luchar en defensa de las jubilaciones dignas para investigadores que ya han contribuido largos años en la investigación antropológica en nuestro país.
Durante el próximo período se avizoran nuevas luchas sindicales en Morelos y en diversas partes del país, como la que lleva a cabo también el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para lograr su reincorporación a la prestación del servicio eléctrico, como se comprometió el gobierno mediante el inicio de mesas de trabajo, sin embargo no se ha avanzado lo suficiente para superar el golpe orquestado por el nefasto gobierno de corte neoliberal de Felipe Calderón cuando ordenó desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
No hay lucha perdida más que la que se abandona, y hoy se requiere más que nunca la unidad y organización independiente de la clase trabajadora para enfrentar al capital y sus políticas antilaborales.
Injusticia social y explotación laboral aumentan las ganancias privadas
