José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
La presencia de militares fuertemente armados en las calles no ha significado la disminución de la violencia e inseguridad que cada día crece en el país y deja a su paso la pérdida de vidas por los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios impunes, detenciones arbitrarias, tortura y balaceras en lugares públicos de diversos estados del país a plena luz del día, que generan un verdadero estado de temor social ante el hecho de que ponen en riesgo a estudiantes en las escuelas, a jóvenes en campos deportivos, a mujeres fuera de sus centros de trabajo, a familias enteras cuando van a plazas comerciales, a espectadores de carreras de automóviles, a trabajadores que circulan por carreteras donde se establecen retenes con vehículos clonados de la Guardia Nacional, como recientemente se denunció que ocurre en lugares tan transitados como es la autopista México-Cuernavaca, entre tantos otros sitios públicos donde el Estado debería garantizar una seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos.
Recientemente se ha dado a conocer que el Ejército espió a través del programa Pegasus al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, precisamente en el momento en que llevaba a cabo las investigaciones sobre el papel del Ejército en las desapariciones de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta grave situación ha sido confirmada por Citizen Lab, organización que en su momento documentó y denunció que el gobierno de Peña Nieto había llevado a cabo espionaje a varias organizaciones y periodistas utilizando este mismo programa espía creado por una empresa de origen israelí, adquirido por el gobierno mexicano a través del actualmente prófugo de la justicia y asilado en ése país, Tomás Zerón de Lucio, responsable de haber desviado las investigaciones en Iguala con el ex Procurador Murillo Karam, con el objetivo de crear la mal llamada verdad histórica que pretendió cerrar el caso Iguala, diciendo que los estudiantes jamás serían encontrados porque sus cuerpos fueron quemados y desaparecidos en las aguas del río Cocula.
El gobierno de López Obrador ha otorgado un enorme poder al Ejército, entregando el control de aeropuertos y aduanas, la construcción de obras como el Tren Maya y el Interoceánico, así como la adscripción de los elementos de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, que si bien ha sido rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su carácter anticonstitucional, no se ha eliminado la militarización de la seguridad pública como lo establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
La persecución y criminalización a quienes documentan y dan a conocer el papel del Ejército en estas graves violaciones a los derechos humanos son inaceptables y debemos luchar porque haya respeto a la libertad de expresión y de información para el esclarecimiento de la verdad histórica y la justicia. Por ello, respondemos afirmativamente a los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, quienes están convocando una reunión para el 25 de mayo en la Ciudad de México, con todas las organizaciones que mantienen la lucha hasta encontrarlos, con el objetivo de analizar la difícil situación de impunidad prevaleciente y la negativa del Ejército y la Fiscalía General de la República para abrir y aportar todos sus archivos históricos sobre el papel que los militares jugaron en éstos crímenes de lesa humanidad, y sobre todo, para construir una alternativa unitaria en el movimiento social para enfrentar la represión policíaca, la militarización de la seguridad pública y la continuidad de las políticas neoliberales, autoritarias y antidemocráticas de un gobierno que llegó con la promesa de que todo cambiaría, pero que sigue aplicando las mismas políticas, como lo muestra la reciente incursión militar al campus de la Universidad Autónoma de Michoacán, violando la autonomía universitaria como en las peores épocas priistas de Díaz Ordaz durante el 68.
Hay que recordar que fue Calderón el que inició una guerra para adquirir el control monopólico de las ganancias de las drogas, enviando al Ejército a las calles no para combatir el narcotráfico, sino para apoderarse de los miles de millones que genera esta industria criminal, desatando una violencia imparable. Los gobiernos priistas y panistas reprimieron salvajemente a los movimientos sociales y sindicales. Este gobierno de López Obrador no ha detenido estas políticas y las mantiene, a pesar de que se lleven a cabo ejercicios de esclarecimiento histórico sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 1965 a 1990 que son muy importantes, pero que enfrentan los mismos obstáculos de investigación en el Ejército y en la FGR.
Ya basta de espionaje y de militarización de la seguridad pública, requerimos seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.
