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Maximino Aldana

Los derechos humanos se formularon para proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado, pero más específicamente, de los abusos de las fuerzas del orden ya que éstas representan el brazo armado del Estado para hacer valer la ley. Cuando un ciudadano es arrestado por cualquier motivo, las fuerzas del orden están obligadas a seguir el protocolo impuesto por el debido proceso. Si dicho protocolo no se sigue, todo el caso judicial en contra del “imputado” (presunto culpable) se desmorona y queda en libertad incluso cuando hubiese confesado sínicamente sus crímenes o hubiese sido capturado en flagrancia. Casos así dejan la impresión en la ciudadanía de que los jueces son corruptos y han sido sobornados por los criminales. Pero no necesariamente es lo que ocurre. Si los jueces no se apegan estrictamente al debido proceso, cuyo principal objetivo es garantizar los derechos humanos, todos los ciudadanos estaríamos desprotegidos ante los abusos del Estado y podríamos ser encarcelados por crímenes imaginarios o fabricados.

En México las fuerzas del orden tienen la histórica reputación de violar los derechos humanos de los capturados, sean culpables o inocentes, con el objetivo de obtener declaraciones a modo. El “tehuacanazo con chile” es el ejemplo más famoso. Estas técnicas de tortura están tan arraigadas en la cultura popular mexicana, que cuando actualmente algún presunto criminal denuncia que ha sido víctima de tortura por parte de las fuerzas del orden, todo el mundo le creé. De hecho, el acusar de tortura a las fuerzas del orden se ha convertido en práctica cotidiana de los abogados defensores para conseguir la libertad de auténticos criminales.

Sin embargo, en el camino se nos olvidó proteger los derechos humanos de los miembros de las fuerzas del orden, es decir, de las personas que nos protegen. Todos hemos visto videos en los que una mujer policía es agredida a martillazos o rociada con gasolina por otra mujer que supuestamente defiende los derechos de las mujeres, sin que la policía haga nada. O los videos donde militares son perseguidos por “civiles” armados sin que los militares puedan defenderse. Si un ciudadano normal, como usted o como yo, es agredido con un martillo, tiene todo el derecho de defenderse ya sea con técnicas de combate o corriendo lo más lejos posible. Pero la mujer policía haciendo valla en un desfile supuestamente pacífico, tiene que soportar los martillazos y la gasolina para no violar los derechos humanos del agresor o agresora.

Es una lucha desigual ya que los criminales, por su propia naturaleza, violan todo tipo de leyes y por supuesto no se apegan al debido proceso. Por el contrario, los miembros de las fuerzas del orden deben, en todo momento, permanecer ecuánimes, tranquilos y objetivos como si fuesen robots, apegados al debido proceso independientemente de cuántos balazos tuvieron que esquivar o recibir, cuántos de sus compañeros cayeron en combate, o de las atrocidades que tuvieron que presenciar perpetradas por criminales capturados en flagrancia. Si no siguen el debido proceso, o si se les ocurre defenderse, los miembros de las fuerzas del orden pueden terminar encarcelados por varios años.

El libro de Trejo y Ley titulado Votos, drogas y violencia hace una importantísima observación que todos deberíamos tomar en cuenta. Comúnmente se creé que los criminales sólo están interesados en hacer dinero e incrementar su riqueza, pero no están interesados para nada en asuntos políticos. Esta percepción, dicen Trejo y Ley, está absolutamente equivocada. Los criminales no sólo han infiltrado gobiernos para tener el control total de “la plaza”, sino que en varias regiones los criminales se han convertido en gobierno. Hay muchos ejemplos bien documentados y que los mexicanos vivimos diariamente a lo largo y ancho de todo el país. Nadie puede venir a decirnos que no es cierto. Sería ingenuo pensar que los criminales no han infiltrado también a las instituciones que oficialmente defienden los derechos humanos, proveyendo abogados que inmediatamente argumentan tortura y faltas al debido proceso.

Nuestros policías y militares no están todos locos ni son todos corruptos. No andan disparando a diestra y siniestra a la población civil para después ser encarcelados. Si queremos que las fuerzas del orden protejan a los ciudadanos, lo primero que debemos hacer es tenerles confianza y protegerles también aceptando, en primer lugar, que, como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho humano de defenderse ante agresiones flagrantemente criminales. Debemos, como ciudadanos, exigir también que los oficiales de alto rango que dan las órdenes (incluyendo al Comandante Supremo) se apeguen al debido proceso respetando los derechos humanos no sólo de los presuntos culpables, sino principalmente y por encima de todo, de los miembros de las fuerzas del orden.

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