Por segunda vez en una década la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dictaminó negativamente el impacto socioambiental del Proyecto La Esperanza en Morelos. En junio pasado emitió el Dictamen Diagnóstico Socioambiental de la Zona de Influencia del Proyecto de la Minera La Esperanza S.A. de C.V., texto de 168 páginas que detalla el resultado de los estudios especializados sobre los posibles impactos de la extracción de oro a cielo abierto de la minera canadiense en Temixco, Xochitepec, Miacatlán y Cuernavaca, donde están las 14,337 hectáreas concesionadas.
El Dictamen muestra con evidencia científica lo que las comunidades de esos municipios, mujeres defensoras de los territorios, activistas ambientales, investigadoras y académicos del INAH, la UAEM y la UNAM han explicado por años. Muchas personas hemos aprendido de los estudios y la experiencia vivida en las regiones sacrificadas por la minería a tajo abierto. La comunicación de experiencias de lo ocurrido en otras partes del país es cada vez más frecuente. Las personas defensoras del territorio en Morelos conocieron a pueblos afectados como El Carrizalillo en Guerrero, donde un hoyo gigantesco y la tierra yerma es lo que queda de sus tierras de cultivo. En Morelos, hace tiempo que se llegó al conocimiento de que no existe minería a tajo abierto sustentable y que la oferta de los capitales mineros de un supuesto desarrollo económico estatal ha sido puro cuento. No existen pruebas de mejora de vida en otros estados del país.
En el Diagnóstico participaron varias instancias como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que realizó la proyección de la demanda hídrica de Zacatecas Silver y su repercusión para los usuarios de agua en la zona de las concesiones. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que “hizo el análisis del impacto ambiental en el aire y suelo de todas las comunidades”. Se probó lo que el Frente Morelense Contra las Concesiones a Tajo Abierto de Minería por Metales ha argumentado por años. “Que ya existe un estrés hídrico en la región”, en consecuencia, el millonario volumen de agua que utilizaría la minera causaría escasez de agua para la vida de esos municipios y más allá, lo que “puede significar una vulneración a su derecho humano al agua para el consumo doméstico.”. También participó el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) y, por instancia de las comunidades, se realizaron talleres de análisis sobre los efectos sociales que aún antes de construirse la mina ya existen en la zona.
Es un hecho trascendental que los organismos oficiales especializados realizaran este diagnóstico para la región sureste de Morelos. El Dictamen establece que, en 2022, en la zona de las concesiones, el porcentaje de vegetación abundante que cubre el suelo es de 64.2%. En décadas de extracción minera en México, regiones enteras no contaron con esta posibilidad y perdieron áreas naturales en grandes proporciones. Las comunidades organizadas de Morelos sabían de esta pervivencia del bosque. Lograron vencer a la minera, al menos por un tiempo, gracias a su apego entrañable para defenderlo mediante la utilización de un sinfín de repertorios de movilización, la participación de una nueva generación de mujeres y jóvenes informados y la búsqueda de alianzas.
Zacatecas Silver suspendió el contrato que tenía con algunos comuneros y, al parecer, se declaró en quiebra. Los administradores de esta empresa “Junior” expertos en el control de comunidades y en la especulación, apostaron al engaño. No lo lograron y ahora se van, pero llevan en las carteras las ganancias de al menos tres años de especulación con la tierra. Supuestamente el valor de sus acciones en las bolsas de valores bajó abruptamente, sobre todo cuando se declararon territorios libres de minería a tajo abierto los municipios de Miacatlán y Xochitepec. Sabían que sería difícil confrontar a las comunidades de Morelos. Apostaron por especular un tiempo.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México