En la clase que imparto en la Facultad de Derecho de la UNAM, suelo decir a los estudiantes que, ante cualquier caso que parece difícil de resolver, deben aplicar la máxima “lo que no es lógico, no es jurídico”, lo cual significa recurrir al sentido común como punto de arranque para determinar la procedencia o improcedencia de una acción jurídica o la aplicación de una norma legal. Es necesario hacer un razonamiento lógico-jurídico para encontrar el fondo del asunto y de ahí construir la solución.
Se puede partir de lo particular para llegar a lo general o, viceversa, partir de lo general para llegar a lo particular. Es lo que se conoce como método inductivo o método deductivo. En todo caso, se requiere contar con un mínimo de viabilidad, tanto en los hechos, como en la normativa relacionada y en el esquema procedimental.
Esto lo traigo a colación, a propósito del embate mediático y político-jurídico emprendido por el ahora activista partidista, quien fuera titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como respuesta a la decisión de la actual presidenta del Máximo Tribunal de dar trámite a una denuncia anónima de la que se desprenden datos que pueden ser configurativos de corrupción, al parecer cometidos por colaboradores cercanos, ocurridos en los tiempos en que ocupó el máximo sitial en el Poder Judicial Federal.
Sobre el actuar de la persona en cuestión, sólo me refiero a sus argumentos, resumidos en la supuesta improcedencia de una denuncia anónima y la intención de dañarlo políticamente al hacer pública su existencia. Su reacción fue promover, respaldado por su partido político, juicio político en contra de la ministra presidenta.
Voy a realizar un ejercicio de lógica-jurídica, basado en el sentido común. Vamos por partes:
1. Es lógico, de manera general, que una denuncia anónima sin sustento no se le dé trámite. De atender un libelo se rompería la seguridad jurídica de las personas.
2. Es lógico que una denuncia anónima que aporta datos, secuencia de hechos y evidencias, es decir, un mínimo de elementos para construir un caso, no se deba rechazar sin más. Es necesario verificar la veracidad de lo señalado. De no hacerlo se puede incurrir en responsabilidad por omisión. Es de sentido común.
3. Es lógico que en asuntos de corrupción impera la obscuridad y la secrecía en el actuar de los involucrados, por lo que, difícilmente, se tiene pruebas directas y contundentes. Es muy fácil para éstos escudarse en la expresión trillada “que presenten pruebas”, para tratar de evadir cualquier señalamiento. Ante esto, es necesario realizar un ejercicio integral de evidencias para encontrar un hilo conductor en el actuar de los señalados en la denuncia anónima. Cada indicio o evidencia adquiere valor en un análisis conjunto.
4. Es lógico que el Máximo Tribunal investigue una denuncia anónima que incluye indicios y evidencias respecto de un esquema de corrupción. Es lo menos que espera la sociedad. El no hacerlo redundaría en desconfianza y pérdida de credibilidad en la institución.
5. Es lógico que, en el asunto expuesto, el sentido común es sinónimo de obviedad. Proceder como lo ha hecho el denunciante, simplemente… no es de sentido común.
Con lo anterior, usted amable lector(a) coincidirá conmigo en que la reacción del expresidente de la SCJN es excesiva, con una clara intención de desacreditar al Alto Tribunal. Está atacando a una institución que sabe, mejor que nadie, requiere ser respaldada en su independencia de actuación. Si el supuesto afectado tiene certeza de lo infundado de la denuncia, hubiera ganado reconocimiento particular aceptar que se realice la investigación. Su respuesta desmedida en contra de la ministra presidenta abolla su credibilidad personal y fortalece a nuestro Máximo Tribunal.
Este caso se encuadra en la permanente y obstinada lucha del titular del poder ejecutivo, a la que ahora se pliega el denunciante, por denostar, demeritar y someter al Poder Judicial. La intención es clara y abierta: restar independencia de actuación a un poder que, históricamente, fue diseñado en lo institucional, como un contrapeso a los casos o intentonas de que los tribunales emitan sentencias conforme al interés del gobierno.
Curiosamente, a los ministros que resuelven en contra de actos del gobierno, se les acusa de estar del lado “de los conservadores”, pero los acusadores no presentan pruebas, como ahora las exige quien es señalado de figurar en el esquema de corrupción judicial. Resultaría sencillo mostrar sentencias que respalden sus acusaciones, en las que se exhiba la argumentación jurídica que acredite que se resolvió conforme a intereses particulares y no de manera imparcial.
Por el bien de México, primero la independencia real y efectiva del Poder Judicial. No permitamos que prosperen las acciones mediáticas, legislativas y políticas de parte de un poder abusivo y opresivo, que no respeta la ley ni el Estado de Derecho. México no se merece un poder ejecutivo de talante dictatorial, en el que todas las instituciones y todas las personas queden sometidas a sus designios. No, bajo ningún concepto.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) eguadarramal@gmail.com