II de IV partes
Gustavo Yitzaack Garibay L.
Hay una pregunta que guía esta opinión. ¿Dónde está el sector cultural para exigir el cumplimiento de los compromisos que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco asumió a través de la Secretaría de Turismo y Cultura? Hay cuatro respuestas que se entrecruzan, sin importar el orden, corren paralelas frente a la ignorancia, la ignominia y la negligencia de la ineptocracia gubernamental que pronto anunciará cambios cosméticos que, salvo excepciones contadísimas, descarada y cínicamente nos dirán que sí, ellos gobiernan, ellos tienen todo el poder para burlarse e instalar a cualquiera más allá de las competencias y habilidades para desempeñarse en el servicio público. La primera: durante más de una década, el crimen organizado se fue apoderando del espacio público, que no de los territorios culturales, pero ello supuso la renuncia generalizada de esfuerzos individuales y colectivos a la realización de actividades artísticas de carácter eventual y a la apertura y sostenibilidad de espacios culturales, aunque algunos insisten y resisten, y otros inauguran, abriendo lugar a la esperanza, como la poderosa e incontenible manifestación de más de cinco mil expresiones de cultura inmaterial en Morelos, esa que tanto reniega la cultura estatista despojada de territorio, pero sobrada de escritorio, porque desconoce y, entonces, desdeña. Para nadie es extraño el terror sembrado por el cobro o la amenaza inminente de extorsión y cobro de piso. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos en todo el territorio morelense.
La segunda: la transformación del Instituto de Cultura de Morelos en las subsecuentes secretarías de Cultura y de Turismo y Cultura, impuso dos modelos paradigmáticos de gestión cultural a pertinencia política. En el primero, el graquismo, dadivoso cual ogro filantrópico, supo tratar selectivamente a algunos quienes, “ingenuamente”, “cooperaron” con un régimen que se caracterizó por estimular la cortesana sumisión, amiguismos, maltratador con todo tipo de expresiones disidentes por fobia o enemistad. No olvidemos que el graquismo premió fidelidad y lealtad con estímulos a través de contratos, exposiciones,talleres, contrataciones y deferencias, o todo tipo de preferencias para pertenecer al círculo de privilegiados: cenas de bufones, de esas que otorga la ebriedad del poder.La tercera: el sismo de 2017 rompió muchos de los esfuerzos por impulsar proyectos albergados en espacios culturales independientes que, en lo general, no recibieron ningún apoyo gubernamental para su reconstrucción. Lacuarta: ante la falta de políticas públicas, a diferencia de otros países y a pesar de las recomendaciones de la UNESCO, ante el cierre de espacios públicos y las medidas de confinamiento, pero sobre todo por la ausencia de políticas públicas, los efectos económicos de la pandemia por la COVID-19 terminaron por precarizar al sector cultural.
No podemos soslayar todos esos efectos, pues si bien existen esfuerzos por ponderar una agenda pública para el reconocimiento y garantía de los derechos culturales, la desarticulación del sector es evidente, pues no ha logrado presionar lo suficiente para que, a diferencia de otros grupos, sean escuchados de manera efectiva. El veto parcial de la Ley de Cultura y Derechos Culturales, que sigue sin publicarse a pesar de que fuera aprobada de manera unánime por parte de la LV Legislatura, es un ejemplo fehaciente de desprecio por parte del Ejecutivo y del Legislativo, a pesar de la legitimidad del proceso impulsado de manera programática durante más de una década por Cultura 33+3.
Ante el escenario electoral de 2024, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene los días contados de cara a sus procesos transicionales que ya asoman para posicionar a Víctor Mercado como el posible gobernador suplente o el candidato del régimen. Los cambios de la STyC, que se especulan serán anunciados en los próximos días, más que una vuelta de timón para evitar el naufragio cultural, son una recomposición que traza el comportamiento de una gestión ignominiosa y funesta para el pueblo de Morelos.
Más allá de sus momentos nominales, a capricho de ocurrencia o por moda, el rediseño y la transformación de las instituciones culturales en Morelos deriva de un largo proceso de exigencia social por parte de los agentes culturales, que lo mismo provienen de las comunidades -promotores y gestoras culturales, artistas, mayordomos, artesanos, talleristas, y cronistas- que de especialistas. Más de tres décadas son historia y memoria. Por ello resulta imprescindible auditar el ejercicio del presupuesto totalasignado a la Secretaría de Turismo y Cultura a través de sus dependencias y fideicomisos: 115,082,000.00 en 2019; 102,518,020.88 en 2020; 98,286,358.12 en 2021; 98,286,358.12 en 2022; y, como parte de la controversia del paquete económico 2023, los 106,301,449.15. ¿Qué han hecho con todo ese dinero? ¿Cuál es el proyecto cultural del Estado? ¿Dónde está el sector cultural?
