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Vicente Arredondo Ramírez *

Las ciencias sociales nos muestran que hay una estrecha relación entre las normas que regulan la vida de una comunidad, y las instituciones que se crean para darles complimiento a dichas normas. Se supone que en ambas se reflejan los principios y valores comunitarios, así como los acuerdos en cuanto a la forma de vivir en la comunidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 40 que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal…” y el artículo 49, a su vez,señala que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. 

Estas definiciones sobre la forma de gobierno de México han dado pie a la creación de diversas instituciones, correspondientes a cada uno de los tres poderes señalados, las cuales a su vez se han replicado en los Estados de la Federación.

La matriz resultante del cruce de Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de órdenes de gobierno(federal, estatal y municipal) ha motivado a lo largo de los años la creación de múltiples instituciones. Es sobre todo en los últimos cien años cuando se han creado la mayoría de las actuales instituciones mexicanas gubernamentales, derivadas de la Constitución de 1917, y de las modificaciones que se le han hecho.

En el ámbito de los social, el modelo de Estado/benefactor que encuadró durante varios decenios del siglo 20 el desarrollo de México se construyó con la lógica de que a cada tipo de necesidad social habría que crearle una institución o empresa paraestatal. A partir de 1982, entró a operar un modelo gubernamental que respondía a una lógica distinta, esto es, que el “mercado globalizado”, operado por sector privado nacional e internacional, es más apto y está más capacitado para atender las necesidades humanas.

La administración federal actual que inició en el 2018 ha vuelto a formular la tesis de que el gobierno, y no el mercado, es el principal responsable de promover el bienestar de la colectividad. Este cambio, repentino para muchos, ha creado confusión y animadversión contra el actual por parte de algunos sectores de la población, ya que se están modificando expectativas en relación a lo que debeser el papel del gobierno, y el de la sociedad en general, en los ámbitos económico, político y social.

Los inconformes por este cambio señalan que México está regresando a un modelo centralista, presidencialista, y populista; mientras que los que están a favor, aseguran que por primera vez se están dando los primeros pasos hacia un modelo de gobierno basado en una auténtica separación de poderes, un verdadero federalismo, y una auténtica economía de mercado. Aunque parezca increíble, una misma realidad se interpreta de manera distinta y hasta contradictoria, si no se entra a un análisis más fino, más racional y menos pasional de lo que está sucediendo. 

Recordemos que los dos primeros sexenios de la alternancia (2000 a 2012), promovieron el federalismo estatal y el fortalecimiento municipal, con resultados muy limitados, ya que pareciera que pesa demasiado la cultura de dependencia de los mexicanos todos, ricos y pobres, de un gobierno central y unipersonal todo poderoso. Por si no fuera suficiente, la corrupción abortó la oportunidad de avanzar de manera importante en materia de soberanía estatal y municipal. En efecto, pareciera que el modelo de gobierno natural para México es el de una República centralista, y no federalista. Esta República federalista simulada en la que hemos vivido no ha podido atacar a fondo las causas de la marginación social, y sólo se ha aplicado a instrumentar soluciones de coyuntura y contención en esa materia. 

El ámbito de la economía, en efecto, el Poder Ejecutivo Federal, hace cuarenta años, tomó la decisión no consensuada de desmantelar un esquema de producción, comercialización y empleo, y darle entrada a otro, para que el país fuera parte activa de la llamada “globalización”. Ese cambio de modelo no se consolidó y trajo serios desajustes, en razón de la apertura comercial indiscriminada, la concentración del capital financiero, el pobre crecimiento económico, la escasez de crédito, y la pérdida de fuentes tradicionales de empleo. Por si fuera poco, la recientepandemia de impacto internacional detuvo la economía mundial, con efectos aún por determinarse, en el mediano y largo plazo. 

El hecho es que actualmente sectores poderosos de la sociedad mexicana están inconformes, en razón del cambio de énfasis y prioridades del actual gobierno federal en materia legislativa, de políticas públicas y de distribución del presupuesto. Se experimenta una especie de “síndrome de abstinencia”, debido al desajuste de expectativas sobre el papel del gobierno, en una sociedad como la nuestra, que sigue viendo al gobierno, y al presidente de la República en particular, como el responsable de atenuar toda la gama deproblemas sociales y de satisfacer los intereses particularesde una sociedad sectorizada y corporativizada.

Frente a los cambios geopolíticos y geoeconómicos que se están dando en el mundo, más vale que los mexicanos, gobernantes y ciudadanos, empecemos a hacer una revisión crítica sobre qué modelo de nación prefiguramos para el futuro, y, por tanto, que instrumentos legales e institucionales son necesarios para enfrentar los nuevos tiempos, con criterios de soberanía y autosuficiencia. 

Por lo pronto, creo que la revisión de nuestro aparato institucional debe hacerse bajo la premisa de que las personas somos más importantes que el dinero.

*Especialista en temas de construcción de ciudadanía.

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