Pocas cosas son tan angustiantes como los desastres naturales, a los que todos estamos expuestos, y pocas tan indignantes como que se use la desgracia ajena para robar dinero.
El terremoto del 2017 concitó la solidaridad de México entero, pocas naciones tan empáticas como la nuestra para hacer propias las desventuras ajenas sobre todo cuando las tragedias alcanzan a comunidades enteras.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que alerta sobre el desvanecimiento de más de 2 mil 637 millones de pesos desviados de su destino original que era auxiliar a quienes pudieron haber perdido todo su patrimonio, podríamos estar hablando de otra muestra de la miseria humana a la que parecemos estar acostumbrándonos.
Sin embargo, la investigación, basada en documentos públicos, no puede llegar a conclusiones definitivas, con nombre apellido, lo que sí puede comprobar es el grado de opacidad y de discrecionalidad con la que actuaron las instancias encargadas de manejar esos recursos. Y esto a nivel nacional.
En el caso de Morelos, Concepción Peralta investigó para MCCI, a partir de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, sobre 568 millones de pesos, que originalmente estaban destinados para reconstruir viviendas y escuelas dañadas por el sismo de 2017. Pero la tarea de la periodista no se quedó ahí.
Escribe Peralta: “Cinco años después del sismo de 2017, cientos de familias viven atrapadas por los escombros de la burocracia y la corrupción que les impiden acceder a una vivienda, aun cuando Morelos recibió más de 15 mil millones de pesos para su reconstrucción.
“Miles ganaron con el desastre. Empresarios hicieron su agosto con contratos millonarios de adjudicación directa, funcionarios recibieron “moches” de los contratos para construir escuelas, proveedores cobraron facturas sin entregar los insumos o subieron el costo de los materiales sin control, algunos particulares lograron múltiples ayudas indebidamente, pero los más pobres, los dueños de nada, como dijo Eduardo Galeano, fueron discriminados y apartados de la ayuda precisamente por no tener una propiedad.
“Las auditorías han registrado posibles desfalcos por mil 893.8 millones de pesos en obras inexistentes, de menor calidad, inoperables, recursos que no se entregaron o no se justificaron, y se desconoce el destino de 743 millones de pesos, sin embargo, éstas no van por el dinero y no proceden con las denuncias. Los responsables viven impunes y con el dinero para los damnificados en la bolsa.”
Este es un escándalo que se debe aclarar pues no se limita al aspecto monetario, muy importante de por sí porque a México no le sobran los recursos, sino porque pesa la sospecha de que mucha gente lucró con la desgracia que miles de mexicanos experimentaron en carne propia; el recelo de que, en medio de la confusión de la emergencia, muchos, siempre con la complicidad de quienes administraban los recursos, encontraron -o se fabricaron- la forma de quedarse con el dinero a costa de dejar en la calle a familias enteras defraudándolas a ellas y a toda la sociedad que pagó un auxilio que nunca llegó. No debería ser cualquier cosa traicionar de esa manera la confianza de todos nosotros.