La organización civil “Documenta” pidió ayer la clausura del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 ubicado en el municipio de Coatlán del Río por las condiciones violatorias a múltiples derechos humanos que sufren sus internas.
La organización acusa que en el penal, originalmente pensado para trescientas internas, actualmente se hacinan mil 157 por lo que tienen graves problemas de higiene, alimentación y servicios médicos, de importancia creciente dadas precisamente las condiciones anteriores.
Si ya es cuestionable que personas culpables de diversos delitos tengan que purgar su condena en tales condiciones, lo es más si se considera que entre las internas hay muchas que están en juicio y cuya culpabilidad aún no ha podido ser demostrada, estas personas, además, sufren la limitante -impuesta por las autoridades del penal- de hacer uso del teléfono solo durante diez minutos a la semana, lo que innegablemente dificulta las labores de su defensa legal, además de alejarlas todavía más de las personas que dejaron afuera.
Según “Documenta”, hace unos meses hubo una intoxicación masiva en el penal y algunas internas tuvieron que interponer amparos para recibir atención médica.
Lo peor es que, por dramático que suene, no es una exageración. El año pasado, Morelos presentaba una sobrepoblación de casi el 93 por ciento es sus penales, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Gobernación federal.
Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SEGOB, en México la población en presidio creció 8 por ciento entre junio del 2020 y junio del 2022; con sentencia o sin ella, la población pasó de 210,287 a 226,916 personas. Para junio de 2022, los cinco estados con mayor hacinamiento eran Estado de México (136,7 por ciento); Morelos (92.7); Nayarit (92.3); Durango (66.1) y Tabasco (42.2).
De acuerdo al INEGI, en nuestro estado únicamente el 17 por ciento de los reclusos que llevan su proceso judicial en prisión preventiva, obtuvieron su sentencia -condenatoria o no- en menos de seis meses, mientras que más del 20 por ciento tuvo que esperar más de dos años.
Las personas privadas de su libertad, por padecer esta circunstancia, no pierden sus derechos legales y, mucho menos, los humanos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que las mujeres en esa condición deberían gozar todavía de mayores consideraciones por su papel en el núcleo familiar y por una especial situación de vulnerabilidad que enfrentan cuando son privadas de la libertad.
Las razones por las que las cárceles están sobresaturadas son muchas, pero indudablemente la situación actual de las cárceles en Morelos señala a la ineficiencia del aparato de procuración de justicia y a la corrupción, temas de verdadera importancia que le deberían preocupar más al Tribunal Superior de Justica que un par de computadoras robadas por las que se ha mostrado tan indignado últimamente.
