(Primera parte)
Al hablar con mucha de la gente de mi generación, nacida a finales de los años 80 y principios de los 90, una de las pláticas/quejas comunes giran en torno a las pocas oportunidades de empleo, lo bajo de los salarios, la precariedad en materia de salud y lo alto de los alquileres para independizarnos y ya ni se diga sobre adquirir un terreno para construir o aspirar a comprar una casa. La mía es una generación que creció viendo como nuestros padres accedían relativamente fácil a créditos de vivienda, trabajos estables, con salarios medianamente dignos y seguros que permitieron un desarrollo acorde a las posibilidades económicas estables que les tocó vivir.
La falsa idea de que la medida de nuestro esfuerzo se reflejaría directamente en el “éxito” profesional y económico. La meritocracia ha hecho más daño de lo que pretendía solucionar, se creía que, al tener el privilegio de acceder a estudios universitarios, el tipo y calidad de vida de nuestros padres no solo era factible para nosotros, sino que incluso sería mejor que el de ellos. A la meritocracia se le olvidó mencionar que en el sistema neoliberal el “éxito” está reservado solo a unos cuantos, aquellos cuya familia cuenta con un poder adquisitivo muy superior al resto de la población en nuestro país. Por lo que una generación completa ha quedado excluida del acceso al mercado de créditos a la vivienda y de rentas a precios asequibles y empleos estables y bien pagados.
Un dato que podemos agregar a lo anterior respecto al problema de la vivienda es que en 2021 uno de los saldos del neoliberalismo en México es la existencia de 600 mil departamentos abandonados en unidades habitacionales. La mayoría de estos departamentos son construcciones de baja calidad que resultan inhabitables y en su mayoría carecen de los servicios básicos como drenaje, agua potable o luz eléctrica, sin contar que muchos son construidos en suelos que hasta antes de su desarrollo eran tierras altamente fértiles para la siembra de alimentos. (https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/04/politica/abandonadas-600-mil-viviendas-saldo-de-la-corrupcion-en-el-sector-amlo/)
En los últimos treinta años el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los temas que expresan de la manera más clara la lucha de clases. Los problemas para acceder a esta tanto por la vía de la renta como por la compra de un inmueble determinan el choque entre los trabajadores que solo cuentan con su salario para acceder a ellas y el gran capital y los grandes propietarios que obtienen inmensos beneficios del alza en los costos de compra-venta y renta de inmuebles, atizada en unas regiones más que en otras.
Un caso particular es el de la región oriente del Estado de Morelos en donde el Proyecto Integral Morelos (PIM) ha convertido tierras altamente productivas en materia agrícola, en terreno ideal para la especulación inmobiliaria que ya plantea la construcción de fraccionamientos y unidades habitacionales con departamentos que difícilmente podrán ser adquiridos por los campesinos dueños actuales de esas tierras o a nosotros los nacidos en el último cuarto del siglo XX y principios del XXI. Creándose una suerte de pueblos fantasmas que nadie puede habitar ante la falta de acceso a créditos a la vivienda, rentas justas acordes a la realidad del país o sueldos decentes para cubrir ese rubro y que permitan una vida medianamente digna para más de una generación. Situación que ha visto un incremento para peor en los últimos años por la pandemia de COVID-19.
*Historiador