Estrella Pedroza
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada “Ley Big Brother”, empresarios y Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), coincidieron en este es un recordatorio a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de que sin “la opinión de la ciudadanía nada, y mucho menos si se violentan los derechos a la intimidad y la privacidad”.
En octubre del 2020, el entonces diputado del Partido Encuentro Solidario Marco Zapotitla y el Gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco lograron que fuera aprobada la Ley de Videovigilancia -conocida como Ley “Big Brother”- que obliga a instalar cámaras en comercios y condominios y además a entregar copias de las grabaciones sin una orden judicial, lo que, desde un principio se consideró que vulneraba garantías y derechos de la ciudadanía.
La Ley representaba una violación a la privacidad de los morelenses, denunciaron en su momento cuatro de las principales organizaciones de empresarios en la entidad: la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM).
Razón por la que en su momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Decreto 697, por el que se expidió la Ley de Videovigilancia para esa entidad y se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y el Código Penal, publicado el 12 de agosto de 2020.
La determinación de las magistradas y magistrados fue considerando los siguientes aspectos:
1) No demostró que el dictamen presentado ante el Pleno del Congreso haya cumplido con la debida aprobación y presentación de las respectivas comisiones.
2) El documento que se tuvo como dictamen careció de publicación y difusión adecuada en el portal de internet, lo que menoscaba la posibilidad de que el cuerpo legislativo lo conociera y estableciera una postura.
3) Se realizó la lectura de un dictamen de fecha anterior a cuando se reunieron las comisiones legislativas, lo cual resultó erróneo ya que su contenido era diverso al presuntamente aprobado y al publicado en el Periódico Oficial del Estado
4) No se justificó la tramitación de urgencia y obvia resolución que se dio al decreto. Ello evitó la discusión y aprobación del documento, lo que limitó la posibilidad de las minorías legislativas para oponerse a su votación
5) No hay la certeza de que el decreto finalmente publicado efectivamente coincida con el que fue dictaminado, presentado deliberado y votado en el Congreso.
En entrevistas por separado Antonio Sánchez Purón y Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, celebraron la determinación de la SCJN.
“Se subrayó que fue incorrecto el proceder de la anterior legislatura debido a que no cumplió con la serie de requisitos que prevé nuestra Constitución para que una norma sea válida y adicionalmente era una ley que en su contenido normativo era contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente porque vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas sin una orden judicial esta ley”, destacó el ombudsperson.
Agregó: “lo importante es que quedó ya sin vigor, ya no se puede aplicar y una vez más una acción que pues favorece a la cultura de los derechos humanos, el respeto a los mismos desde la comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Mientras que el empresario Sánchez Purón, destacó: “era una ley que veíamos que de todas formas era invasiva nuestra intimidad y que no cumplía el objetivo primordial, que es justamente el regular la utilización de la videovigilancia en todos los sentidos”
Añadió: “Me parece que la atribución de las autoridades es garantizar a los ciudadanos su consulta y colaboración. Eso tendría que cumplirse por ley, creo que aquí se tiene que hacer un trabajo en conjunto, no puede ser un trabajo solamente a partir de la óptica de un de un solo sector de la clase política, muchas veces no vive lo que hoy vivimos la ciudadanía, y pues ahí está muy claro el mensaje”.