Estrella Pedroza
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) determinó que México no adoptó las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias, para que Selene, una mujer con discapacidad intelectual logrará estudiar una Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes.
“Selene, tiene una discapacidad producto de un daño cerebral causado por la dificultad para respirar y llorar al momento de su nacimiento. Antes de cumplir los seis años, se le diagnosticó una discapacidad en el desarrollo motor, perceptivo y del lenguaje, que había interferido en sus procesos de aprendizaje”, detalló, Daniela Ivette García Vara, abogada de Selene.
Sus padres la inscribieron en escuelas privadas regulares, donde concluyó satisfactoriamente sus estudios de primaria y secundaria y obtuvo un certificado de estudios técnicos profesionales en diseño de modas de la Escuela Profesional de Diseño de Modas del estado de Morelos, con una calificación promedio de 7,5 sobre 10.
En 2014, Selene presentó su candidatura para la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes, pero “no fue admitida en el programa porque la evaluación y el proceso de admisión estaban diseñados y dirigidos a candidatos sin discapacidad”.
El rector del Centro Morelense informó a Selene de que no había presupuesto para admitir a personas con discapacidad intelectual y de que los planes de estudios no estaban diseñados ni adaptados para estudiantes en su condición.
Entonces Selene y su familia iniciaron una ruta legal por la discriminación y una serie de derechos que le fueron violentados, “demandaron a la institución de educación superior y a diversas autoridades, incluyendo al gobernador -en ese momento era Graco Ramírez- y a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos alegando que las autoridades habían omitido establecer medidas y políticas públicas para promover la inclusión de personas con discapacidad y garantizar su acceso
a la educación superior a través de programas incluyentes”, explicó la abogada.
Después de que sus demandas fueran desestimadas por los tribunales mexicanos, la autora llevó su caso ante el Comité de las Naciones Unidas, alegando que México había violado sus derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El pasado 28 de abril el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) emitió un dictamen tras examinar la queja presentada por Selene en el que determinó que México, a nivel general, no garantizó la accesibilidad de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes, incluyendo la accesibilidad de los exámenes de admisión, las herramientas de información y comunicación, los planes de estudio, los materiales educativos, los métodos de enseñanza, y servicios de evaluación y de apoyo.
Además, consideró que México no había protegido a S.M.G.V. de los estereotipos y prejuicios relacionados con su discapacidad en el ámbito de la educación.
El Comité también notó que las violaciones en este caso no son aisladas, sino que son representativas de los desafíos estructurales que enfrentan las personas con discapacidad intelectual en México.
“Refiere la resolución que México tiene la obligación de disculparse públicamente con Selene, de realizarle una indemnización adecuada por el daño sufrido, tomando en consideración la pérdida de oportunidades laborales que tuvo al no haberse garantizado su derecho de acceso a la educación”, detalló la abogada.
“También se condena al pago de gastos y costas judiciales y a la publicación de la presente determinación en formatos, incluso accesibles para personas con discapacidad”.
La abogada, destacó que en “la recomendación de la ONU se obliga al estado mexicano a adoptar diversas medidas para efecto de evitar que se vuelvan a repetir, pues este tipo de violaciones como son modificaciones legislativas o, en su caso, a la implementación de políticas públicas como vendrían, siendo la capacitación del personal docente de todas las instituciones a todos los niveles, una debida financiación adecuada para que esto también se lleve a cabo y, en general, concientizar para combatir los estereotipos y todo tipo de discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad cuando intentan acceder a la educación”.
“Normalmente cuando se llevan a cabo este tipo de casos, es lo que ocurre, efecto de llevar varias mesas de trabajo a involucrar a dependencias que puedan estar involucradas en el cumplimiento de la obligación que se tiene con motivo de esta determinación, que, por cierto, se tiene un plazo de 6 meses para que el Estado mexicano la atienda”.
