Erick Abraján Juárez
Tras la revelación del magistrado en retiro, Carlos Iván Arenas Ángeles, de que el titular del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, intentó persuadirlo para cambiar el sentido de su voto en asuntos jurídicos, en al menos dos ocasiones, miembros de la Barra de Abogados en Morelos aseguraron que, de confirmarse estos hechos, solicitarían formalmente la de destitución de Gamboa Olea.
Arenas Ángeles acusó al titular del TSJ del estado en intentar favorecer la liberación de “El Diablo”, quien fue acusado de haber privado de la vida a tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cuyos cuerpos fueron hallados en un paraje de Huitzilac, en hechos ocurridos en el mes de abril, por lo que se inició una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello, los barristas solicitaron a las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción que agoten las investigaciones sobre los intentos de persuadir el voto del impartidor de justicia para favorecer a un delincuente y, en caso de ser confirmados, poder solicitar la renuncia o destitución del presidente del Poder Judicial.
Asimismo, los integrantes de la Barra de Abogados en Morelos señalaron posibles actos de omisión por parte del Magistrado Presidente Luis Jorge Gamboa Olea, por no haber realizado la rotación para cubrir los cuatro magistrados que se encuentran en calidad de retiro, tal como lo denunciaron una decena de impartidores de justicia.
El presidente de la Barra de Abogados, Fabián García Ramírez, explicó que solicitaron al titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, su plan de estructuración para garantizar la Impartición de justicia, pero este solo respondió que “él ya contaba con un plan”.
No obstante, los barristas observaron situaciones en las que el Poder Judicial no podría cumplir con la liberación de “un recurso de 12 horas con negativa de cateo”, situación que ningún juzgado podría resolver por la falta de un magistrado ponente.
Por ello, exhortó a la ciudadanía a acudir con los barristas si sus recursos o juicios se veían afectados, para poder presentar una denuncia penal por omisión ante la Fiscalía Anticorrupción.
“Si la orden de cateo no es emitida por un juez, se tendría que acudir a una sala de segunda instancia, y no tenemos certeza de si esta se encuentra instalada, y si no lo está, podríamos tener una falta de justicia. Por lo tanto, todo el peso recae en el presidente del TSJ. Si algún justiciable tiene algún problema, que se acerque a nosotros y analizaremos su caso para que pueda presentar una denuncia”, agregó.
García Ramírez aseveró que si se confirma que las salas no están siendo instaladas, se confirmaría la omisión por parte del titular del Poder Judicial, por lo que, cuando concluya el periodo vacacional, analizarán el funcionamiento de las salas de segunda instancia, ya que solo hay 12 de 19 magistrados en funciones.
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