En una audiencia oral, la juez de control determinó no ejercer acción penal contra Patricia Izquierdo Medina, ex titular de Obras Públicas, Sergio Alberto Beltrán Toto, ex director general y otros dos exfuncionarios, que eran investigados por el presunto ejercicio abusivo de funciones y ejercicio abusivo del servicio público, durante la administración del exgobernador Graco Ramírez.
La exsecretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado pidió a la jueza especial, Alejandra Trejo Reséndiz revocar el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción porque en su opinión era infundado.
Señaló que el caso se debe a una licitación para construir un almacén general en el Instituto Politécnico Nacional, adjudicado directamente a la empresa Construcciones Hidráulicas S. A. de C. V., propiedad de David Antonio García Aragón.
Por su parte, el representante del gobierno añadió que la obra se construyó por más de tres millones 700 mil pesos, sin embargo, debió haberse ejecutado a través de una licitación pública y no de manera directa porque excedió el monto máximo de 900 mil pesos.
La Fiscalía Anticorrupción expuso que los delitos denunciados ya habían prescrito por el tiempo que transcurrió desde que se cometió el hecho hasta el momento que se presentó la denuncia y las investigaciones correspondientes. “El tiempo en que tarda de prescribir un delito se determina bajo la media aritmética, la cual en el derecho penal consiste en sumar la pena mínima y máxima del delito y posteriormente dividirla entre dos”.
Por ello, la Jueza Especializada de Control confirmó el no ejercicio de la acción penal contra los cuatro exservidores públicos de la administración de Graco Ramírez y explicó que la denuncia se presentó tres años después de ocurrido el hecho por lo que el acuerdo se otorgó con base en lo establecido por la ley.