El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo para promover el reconocimiento pleno de sus derechos en condiciones de igualdad con el hombre.
Si bien nuestro país se han hecho importantes esfuerzos legislativos para generar las condiciones que permitan alcanzar la igualdad formal y material entre ambos géneros, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reforma constitucional que garantiza que las mujeres alcancen al menos el 50% de las candidaturas de los partidos políticos para los cargos de diputadas o senadoras, así como igual número de mujeres y hombres a cargos públicos, aún nos falta mucho por hacer en esta materia, toda vez que las mujeres siguen enfrentando situaciones de violencia y desigualdad en forma cotidiana.
La igualdad de género ha sido uno de los principales objetivos de la lucha feminista, que a lo largo de los años ha conseguido el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y su mayor inclusión en la sociedad, esto a partir de visibilización de las diferencias de trato y las disparidades que han experimentado y que se traducen en prejuicios, patrones culturales y arraigados estereotipos que confinan a la mujer y se alzan como obstáculo para su pleno desarrollo.
Si bien muchos de los cambios necesarios para alcanzar la igualdad de género deben pasar por modificaciones de carácter legal, lo cierto es que también hace falta cambiar algunas de las dinámicas que hombres y mujeres percibimos como cotidianas, pero que implican un tratamiento diferenciado a las mujeres que repercute en el ejercicio y goce de sus derechos humanos.
Entre los criterios básicos que los gobiernos deben contemplar para una mejor y más productiva incorporación de la perspectiva de género, destacan: las acciones afirmativas, la capacitación, la equidad de género como aspecto transversal de la agenda local, la coordinación entre las distintas autoridades del gobierno, la integralidad de las políticas públicas encaminadas a disminuir la exclusión o vulnerabilidad de las mujeres, y la institucionalización de la perspectiva de género en la normativa y en las estructuras de gobierno.
Por otra parte, debe considerarse que prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas es parte de los compromisos internacionales de nuestro país, como los contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), los derivados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Plataforma de Acción de Beijing), y de la Segunda Conferencia de las ONU sobre Asentamientos Humanos (Declaración de Estambul).
Es un aspecto de urgente atención la violencia de género, el visibilizar la violencia que enfrentan las niñas y mujeres tiene la finalidad de llamar la atención para prevenirla, detectarla a tiempo, atenderla desde la perspectiva de género, bajo protocolos que identifiquen el riesgo de la violencia feminicida, juzgar con perspectiva de género, incrementar las políticas públicas para erradicar la violencia de género y fortalecer refugios y protección de mujeres violentada.
Para prevenir, reducir y eliminar la violencia y la delincuencia, los gobiernos deben incrementar la seguridad de la mujer en la comunidad, y tener en cuenta, en las políticas y los programas de prevención de la delincuencia, las necesidades de uno y otro sexo, lo que se puede lograr procurando que quienes se encargan de aplicar esas políticas conozcan y comprendan mejor las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer, entre otras cuestiones.
Dentro de la violencia de género, además de la psicológica, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación, está la violencia física que puede derivar en feminicidio, que se trata de crímenes surgidos de la desigualdad y la discriminación, de las relaciones de poder de género. El INEGI reportó que, en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito de su entorno y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).
Una de las medidas que establece la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; la cual es definida como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Se trata de un procedimiento que el Estado mexicano diseñó, por la exigencia legítima de las organizaciones de la sociedad civil, para hacer frente al contexto de violencia feminicida en el que viven las mujeres, teniendo como objetivo fundamental garantizar su seguridad y detener la violencia en su contra. No obstante la implementación de este mecanismo sus resultados no ha sido los óptimos, motivo por que debe ser objeto de un análisis riguroso para mejor sus resultados.
Son muchos los pendientes que todavía existen en el orden familiar, social, cultural y político, falta mucho por realizar en los campos jurídico y judicial para otorgar una verdadera protección a la mujer víctima de violencia y discriminación. Por todo lo anterior, es necesario que la conmemoración del día internacional de la mujer sirva para reflexionar sobre muy distintos temas, a fin de salvaguardar de forma correcta sus derechos.
*Especialista en Derechos Humanos