El panorama fiscal de México se presenta sombrío al observar la gestión del gobierno federal actual, cuya política económica parece dirigirse hacia un incremento del endeudamiento público que supera los 16 billones de pesos, un incremento cercano a los 6 billones en este sexenio. A esta cifra alarmante se suma la preocupante disminución de los fondos de estabilización y el saqueo de diversos fideicomisos destinados a fines específicos. Este conjunto de acciones no solo plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo del país, sino que también deja entrever una gestión económica que podría calificarse de imprudente y potencialmente peligrosa para la estabilidad económica de México.
El nivel de deuda que está alcanzando México no es simplemente un número más en los libros de economía; es un récord que supera con creces las cifras vistas en administraciones anteriores. Este aumento del endeudamiento se justifica muchas veces bajo el pretexto de necesidades de inversión pública o para mantener la estabilidad macroeconómica en tiempos de crisis. Sin embargo, lo que debe ser motivo de alarma es la rapidez con la que esta deuda ha escalado y la opacidad en algunos de los usos de estos fondos. El endeudamiento en sí no es inherentemente negativo si se maneja dentro de parámetros prudentes y se destina a proyectos que generen retorno económico o desarrollo a largo plazo. No obstante, la falta de claridad en la aplicación de estos recursos y la ausencia de proyectos que generen retorno de inversión sugieren por decir lo menos, una gestión cuestionable.
Paralelamente, la reducción de los fondos de estabilización es una táctica arriesgada, especialmente en un contexto global incierto. Estos fondos están diseñados para proporcionar un colchón financiero en tiempos de crisis, permitiendo al gobierno manejar shocks económicos sin necesidad de recurrir a medidas extremas como el aumento de impuestos o recortes drásticos en gasto público que podrían agravar la situación económica. Su disminución compromete la capacidad del país para enfrentar futuras contingencias económicas y deja a la economía mexicana en una posición vulnerable frente a choques externos o internos.
Además, la eliminación y el mal uso de los fideicomisos con fines específicos es otro punto de fricción. Los fideicomisos fueron creados para garantizar el financiamiento en áreas críticas como ciencia, tecnología, desastres naturales, salud, entre otros. La disolución de estos fideicomisos bajo el pretexto de corrupción que nunca fue demostrada así como de redistribuir los fondos hacia otros proyectos gubernamentales no solo ha generado desconfianza entre la población y los sectores afectados, sino que también ha levantado dudas sobre la transparencia y la verdadera intención detrás de estas decisiones. El desvío de estos recursos puede comprometer el desarrollo en áreas estratégicas y urgentes, además de erosionar la autonomía de instituciones que dependían de estos fondos para operar.
En conjunto, estas políticas económicas plantean un futuro incierto para México. El manejo de la deuda y los recursos públicos debe hacerse con una visión de largo plazo y con un compromiso inquebrantable hacia la transparencia y la eficiencia. La deuda puede ser una herramienta útil si se utiliza correctamente, pero también puede convertirse en una carga insostenible si se gestiona de manera imprudente. Si a los 6 billones de pesos de endeudamiento, se le suman lo desviado de los fideicomisos y los fondos de estabilización, los recursos que manejó la presente administración son cuantiosos y estos no se han visto reflejados en el mejoramiento del sistema educativo, ni en el fortalecimiento del sistema de salud o en seguridad pública, ni en inversión en el sector cultural o científico, por lo que resulta fundamental que el presente gobierno rinda cuentas claras de hacia dónde destinó los recursos públicos.
Es imperativo que los ciudadanos y las instituciones exijan cuentas claras y responsabilidad en la gestión de estos recursos. El futuro económico de México dependerá en gran medida de la habilidad del próximo gobierno para rectificar el curso actual y adoptar una gestión más prudente y sostenible de sus finanzas públicas. La historia juzgará la eficacia de estas políticas no solo por su impacto económico inmediato, sino también por su capacidad para posicionar a México hacia un camino de crecimiento y estabilidad a largo plazo.
*Profesor de El Colegio de Morelos
Ilustración cortesía del autor