José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.
La crisis de las desapariciones forzadas en México tiene antecedentes históricos desde los años 70s y se ha agudizado posteriormente a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hasta llegar a más de 110 mil en todo el país. A pesar de que se han creado Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda, no se han aplicado todos los protocolos para buscar de inmediato y con presunción de vida como lo establecen los principios de la ONU en materia de desaparición forzada. Así lo hemos hecho saber en reuniones que se tienen con el Consejo Consultivo de la Comisión de Búsqueda en Morelos, donde hemos propuesto iniciativas que se articulen con los esfuerzos de los colectivos de familiares y se modifique la ley de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos partiendo del principio pro persona. Por ello consideramos que es necesario actualizar las investigaciones sobre este grave flagelo que azota a nuestro país, tal como lo analiza en un amplio y bien documentado libro “La desaparición forzadas en México. De la represión a la rentabilidad”, de nuestro camarada Roberto González Villarreal, en donde incluye el caso de José Ramón García Gómez en Morelos y analiza como desde los años 90s se perfilan nuevas modalidades de desaparición, con la femidesaparición en Ciudad Juárez, que luego se extiende a todo el país.
Por ello, es importante destacar los esfuerzos de familiares y organizaciones sociales para no permitir que continúen estos atropellos. Este jueves 26 de enero de 2023 se llevará a cabo la 100 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y las más de 110 mil personas que se encuentran desaparecidas en todo el país.
Hasta el momento las investigaciones que lleva a cabo la Comisión presidencial para la Verdad y la Justicia, creada por el actual gobierno de López Obrador, ha permitido avances en la demostración de la responsabilidad del Estado en éste crimen de lesa humanidad y se ha ahondado en el papel del Ejército en las desapariciones mediante la emisión de órdenes de aprehensión en contra de unos 20 militares, sin embargo no se ha logrado establecer el paradero de los 43 estudiantes y los obstáculos para lograr justicia provienen de sectores del propio gobierno, como la Fiscalía General de la República, que ordenaron la suspensión de las órdenes de aprehensión contra los militares y cambiaron a todo el personal que investigaba a las autoridades posteriormente a la detención del ex procurador Murillo Karam.
Recientemente se ha dado a conocer que uno de los policías de Iguala que perpetró violaciones graves en la detención y desaparición de los jóvenes estudiantes, fue detenido en Estados Unidos y extraditado a nuestro país, lo que puede arrojar nuevos elementos de información para resolver el caso, sin embargo, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han denunciado que se sigue incurriendo en negligencia por parte de quienes investigan al no mantener la información directa a los familiares, asesores e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tienen la encomienda de contribuir con su experiencia a valorar las pruebas y la validez del proceso hasta llegar a la verdad y la justicia.
No basta la voluntad expresada por el gobierno de la república para ir a fondo en el esclarecimiento del caso, sino tomar todas las medidas que efectivamente permitan atender y resolver desde las causas reales de violencia institucional, impunidad, complicidad y autoritarismo represivo, que están en el centro de los ataques sufridos por las normales rurales a manos de los gobiernos que han pretendido desaparecerlas y acabar con el proyecto emancipador que han mantenido desde su creación en los años 40s del siglo pasado.
Por todo ello consideramos fundamental mantener la lucha y la solidaridad con familiares de los 43 y las miles de personas desaparecidas en todo el país, elevando nuestro grito de protesta: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!