El martes pasado fue un día particularmente negro en Morelos: asesinaron a una trabajadora del municipio de Temixco, a dos hombres en Cuautla y Puente de Ixtla, y a otros dos en Cuernavaca, entre ellos a un líder social.
El impacto inmediato es el dolor causado en cinco familias, ahora truncas, que deberán enfrentar la realidad y esperar que, algún día, se haga justicia.
Pero hay impactos que no son tan inmediatos o visibles pues, así como los vecinos y conocidos tendrán, de primera mano, un nuevo motivo para sentirse inseguros, el incremento de las estadísticas de violencia siempre impacta negativamente en el bienestar, la paz social y en la economía de las sociedades.
Normalizar la violencia solo lleva a que, a la larga, todos vivamos peor, en una espiral que no solo va en contra del sentido común, sino en la razón misma de vivir en sociedad, establecer gobiernos y dotarnos de cuerpos que deberían proteger nuestras personas y velar por nuestro patrimonio que es en donde reside la riqueza de cualquier país o estado.
En su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2022, el INEGI estimó que, tan solo en 2021, el costo total de la inseguridad y el delito en los hogares mexicanos ascendió a 278.9 mil millones de pesos, es decir, 1.55 por ciento del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 7 mil 147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
Además, las pérdidas monetarias por victimización -aquellas pérdidas a consecuencia de haber sido víctima de uno o más delitos, así como los gastos a consecuencia de daños en la salud-, en 2021, fueron estimadas por el INEGI en 174.4 mil millones de pesos.
En 2021, sólo se denunció el 10.1 por ciento de los delitos. De ellos, el Ministerio Público o fiscalías estatales iniciaron carpetas de investigaciones en 67.3 por ciento de los casos. Es decir, el año pasado se denunció e inició una carpeta de investigación únicamente en 6.8 por ciento del total de delitos pues en 93.2 por ciento no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Sin embargo, entre 2015 y 2021 el gasto en seguridad pública a nivel nacional disminuyó un 37 por ciento, y el gasto en el sistema judicial, un 3 por ciento. Pese al impacto de la violencia en la economía, México invierte apenas el 0.6 por ciento del PIB en seguridad y justicia, mientras que el resto de los países latinoamericanos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten hasta el 1.5 o el 1.7 por ciento.
En Morelos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 20 de 40 tipos penales, incluidos homicidio, feminicidio, violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual, y violencia familiar tuvieron alzas de 1 hasta 500 por ciento en el primer semestre de 2022 con relación al mismo lapso de 2019.
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ubica a Morelos en el sexto lugar del país con la tasa más alta de víctimas de delitos de violencia letal (homicidio doloso y feminicidio) con 28 casos por cada 100 mil habitantes, cifra muy superior a la tasa nacional, que es de 12 casos por cada 100 mil habitantes; tan solo en el primer semestre de 2022 Morelos presentó 578 víctimas de homicidio doloso y feminicidios, cifra que lo coloca en el lugar 11 de las entidades con la mayor incidencia de estos casos en el país.
Estas cifras resultan alarmantes y dan una idea de que la muerte violenta, el robo, las extorsiones y secuestros son, en la misma medida, una tragedia personal y un drama para toda la nación.
La criminalidad es uno de los principales motivos de que las inversiones y las iniciativas empresariales busquen mejores ambientes para establecerse. También genera miedo, distrae recursos, eleva costos de producción y hasta cambia hábitos y conductas del consumidor.
Así no puede haber desarrollo.
