El comisionado despierta miedos ¿con fines electorales?

 

La violencia continúa en prácticamente todo el estado, con especial rigor en Cuautla, donde la indolencia del alcalde, Rodrigo Arredondo, sigue siendo un factor que permite el crecimiento de delitos como extorsión y homicidio doloso. En un contexto así, el gobierno estatal, a través de su comisionado estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, advierte que esa violencia de la que sólo ha podido atestiguar el crecimiento año con año, arreciará en los próximos días y hasta advierte que, como los grupos de la delincuencia organizada se disputan los municipios más poblados, en esas demarcaciones se notará más la ola criminal.

Ortiz Guarneros había advertido que el 2023 sería más violento que el año anterior, y que para el 2024 se espera una escalada de violencia por las elecciones. Sus planteamientos han resultado ciertos (“hasta un reloj descompuesto acierta dos veces al día”, dice el refranero) pero si se revisan los datos de todo el sexenio no parece haber una relación directa entre los procesos electorales y el incremento de la violencia (que ha sido sostenido excepto por el período de confinamiento social por la pandemia). De la revisión de los datos se puede asociar mucho más racionalmente la crisis en materia de seguridad a una estrategia de combate a la violencia absolutamente fracasada, que a la cercanía de procesos electorales que han sido contaminados, igual que muchas de las esferas ciudadanas, por la inseguridad y las actividades del crimen organizado.

La parte de responsabilidad en la ola de violencia que no corresponde a los perpetradores de ésta, sin duda cae mayormente en la cancha de Ortiz Guarneros. El vicealmirante llegó a Morelos fuertemente recomendado y se le presentó como quien podría revertir la escalada de inseguridad de la que se acusaba a su antecesor, el comisionado en la administración de Graco Ramírez, Alberto Capella quien, curiosamente sigue siendo reconocido como un experto en cuestiones de seguridad pública. Muy pronto quedó claro que lo de Ortiz Guarneros no era la estrategia de seguridad tanto como explicar (al estilo de los economistas) por qué no ocurría lo que él había previsto como resultado de las políticas públicas de combate al crimen y construcción de la paz.

Con todo eso, hasta ahora el comisionado se había librado de señalamientos en torno al uso político-partidista de su encargo, cierto que había algunos indicios, como el escaso apoyo que se brindaba a la policía de Cuernavaca, fuera del mando coordinado y administrada por un alcalde de un partido diferente al del gobernador, jefe máximo de la fuerza pública y de Ortiz Guarneros. Pero difícilmente se podría haber señalado a Ortiz Guarneros como un operador electoral.

Ahora, la inocencia e indolencia con que el comisionado “reconoce” que la ola criminal podría agravarse en las próximas semanas, especialmente en los municipios más poblados, hace sospechar de las intenciones de Ortiz Guarneros. Porque esas demarcaciones a las que refiere concentran el mayor número de electores y en no pocas de ellas se esperan triunfos de los rivales políticos del gobierno en turno. Más de la mitad de la población del estado (52%) habita la zona metropolitana de Cuernavaca, en ella, los partidos de oposición tienen amplias posibilidades de triunfo en Xochitepec, Tepoztlán, Emiliano Zapata y Cuernavaca; y pueden dar pelea en Huitzilac, Temixco y Jiutepec. En la zona oriente, la oposición podría ganar Cuautla, Ayala y Yecapixtla. Es decir, sólo contemplando los siete municipios que la oposición considera bastante ganables: Cuernavaca, Zapata, Tepoztlán, Xochitepec, Yecapixtla, Ayala y Cuautla, tendría el gobierno de poco más del 50% de la población. Si a ello se sumaran derrotas no tan apabullantes en Jiutepec, Temixco, Puente de Ixtla y Jojutla, el triunfo para el partido en el poder no parece tan simple. Todo esto está predicado, por supuesto, por que la gente salga a votar, y en escenarios de miedo, eso no suele ocurrir.

Ortiz Guarneros no anunció un operativo especial de fuerza policiaca para reforzar la vigilancia en los municipios más poblados, sólo dijo que en ellos aumentaría la violencia. El vicealmirante inició un discurso de miedo a unos días de que comiencen las campañas a la gubernatura y a semanas de las que buscarán alcaldías y diputaciones locales, y eso resulta sumamente grave, especialmente cuando una de las líneas fundamentales de la contienda político-electoral de Morelos es el capítulo de la seguridad pública y la construcción de la paz.

Las de Ortiz Guarneros no son declaraciones inocentes. El comisionado tendría que saber que una de las obligaciones políticas de su cargo es generar en la población la confianza suficiente para no alterar sus actividades normales, mucho menos las que son definitivas para la marcha del estado. Aunque pudiera parecerlo, el comisionado no hizo un chiste. Cierto que no es la primera vez que nos advierte, el funcionario, de una escalada de la violencia que está obligado a frenar, pero en el contexto electoral, ya no es solo una irresponsabilidad.

Quedará ahora exigirle a Ortiz Guarneros y a Cuauhtémoc Blanco que, ya que tienen un diagnóstico tan puntual, se pongan a trabajar en evitar que la violencia siga creciendo y que nos garanticen, aunque sea de despedida, que los próximos meses transcurran en relativa paz. Es su obligación, aunque parece que se les olvida. Usar la inseguridad y la violencia para hacer política electoral es criminal, desde cualquiera de los lados; mucho peor si ese uso busca generar el miedo de la ciudadanía a ejercer sus derechos.

@martinellito

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