Tras darse a conocer el caso del joven Diego, de 18 años, a quien el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) niega la inscripción a la secundaria por tener una deficiencia intelectual, los afectados podrían levantar las denuncias correspondientes por violar la dependencia estatal el artículo tercero Constitucional.
En este sentido, el abogado y defensor de derechos humanos, Antonio Sorela Castillo, comentó en entrevista para La Jornada Morelos que las autoridades deben replantear su decisión y brindar un apoyo amplio para las y los estudiantes; en caso contrario, las víctimas pueden recurrir ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHM) y/o a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por discriminación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 212 Quáter del Código Penal para el Estado.
“Es importante que las instituciones educativas reflexionen sobre la omisión en que han incurrido respecto de los sujetos titulares de derechos humanos, es decir, las niñas, niños y adolescentes e incluso adultos. No sólo en México, sino en muchas partes del mundo, han dejado de atender a grupos históricamente discriminados, en especial las personas con discapacidad, migrantes, indígenas y comunidad LGBITTTQ+”, expresó.
El IBEM trasgrede incluso tratados internacionales y la Constitución
En el caso de las personas con discapacidad, señaló que “encontramos una omisión respecto a quienes padecen discapacidad intelectual”, al referir que no existen políticas o acciones afirmativas para que gocen de sus prerrogativas educativas que tienen y que también se establecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto de San José que reconocen como derecho mínimo vital a la educación básica.
“Pero el caso de México regula una gama de mayor protección, en virtud que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como un derecho a la educación básica y media superior, es decir, todas las autoridades educativas de México deben respetar, proteger y garantizar que cualquier persona curse cuando menos esos niveles, realizando estrategias educativas básicas, no importando si deben contratar profesores especializados, abriendo grupos en las mismas escuelas o creando escuelas específicas para personas con discapacidad, siempre y cuando al mismo tiempo no represente un sesgo”, concluyó.
Diego padece genopatía neurológica y actúa como si tuviera 12 años, por lo que su madre Graciela exige que el IEBEM acepte su matrícula para continuar sus estudios en la escuela “Freinet” de Acapantzingo, en donde sí lo aceptaron, pero son las propias autoridades las que le niegan su derecho a continuar sus estudios, convivir con otros jóvenes y superarse.
