Las instituciones del sector justicia en Morelos reprobaron la métrica de Justicia Abierta (MJA) del World Justice Project, un ejercicio que ofrece una radiografía de la apertura en las instituciones y servicios de impartición, administración y acompañamiento a los usuarios; y se basa en la transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas en 233 instituciones de justicia del país, incluidos tribunales, fiscalías y procuradurías, defensoras de los derechos humanos e instancias penitenciarias.
El índice incluye de acuerdo con el reporte MJA del World Justice Poject: “la transparencia, esto es, si las personas podemos conocer el funcionamiento de las instituciones de justicia; la participación de la ciudadanía con estas; la colaboración, centrada en la retroalimentación e incidencia de la ciudadanía en las decisiones públicas; y en la rendición de cuentas, incluyendo los distintos mecanismos para prevenir y denunciar las arbitrariedades y los posibles actos de corrupción”.
Morelos, en el nivel 23 de México
En promedio, las instituciones de Morelos obtuvieron una evaluación de 0.43 para ubicarse en la posición 23 del país, debido a registros muy bajos en rendición de cuentas, 0.42; participación, 0.38; y colaboración, 0.30. De hecho, la única institución de Morelos que obtuvo resultados por parcialmente satisfactorios fue la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con un registro de 0.71 en justicia abierta; 0.86 en transparencia; 0.5 en participación; y 1 (la calificación más alta) en colaboración.
El Tribunal Superior de Justicia de Morelos obtuvo un promedio de sólo 0.25 y reprobó todos los índices: 0.49, en Transparencia; 0.40, en rendición de cuentas; 0.13 en participación; y cero absoluto en colaboración.
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos logró apenas 0.42 de promedio; debido a registros de 0.57 en transparencia y en rendición de cuentas; 0.38 en participación; y 0.17 en colaboración. Mientras que el de Justicia Administrativa, con calificaciones de 0.55 en transparencia; 0.25 en participación; 0.17 en colaboración: y 0.38 en rendición de cuentas, consiguió un promedio de 0.34.
Para la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos las calificaciones fueron: en transparencia, 0.79; en participación, 0.38; en colaboración 0.17; en redición de cuentas, 0.35; con ello logró un promedio de 0.42.
La Fiscalía General del Estado de Morelos consiguió un promedio de 0.44; formado por 0.67 en transparencia; 0.63 en participación; 0.17 en colaboración; y 0.29 en rendición de cuentas.
Solo la Comisión de Derechos Humanos superó los promedios nacionales
Los bajos resultados de la justicia abierta en Morelos son similares al promedio nacional en las cuatro dimensiones de la métrica. Sólo la Comisión de Derechos Humanos local superó los promedios nacionales. Al respecto, el reporte del World Justice Project asegura: “un hallazgo relevante es el que se refiere a la composición de la calificación promedio global para la justicia abierta en las instituciones de justicia de nuestro país, de 0.42, compuesto por el promedio de las cuatro dimensiones de transparencia, con un puntaje de 0.59, participación con 0.37, colaboración con 0.27 y rendición de cuentas con 0.44.”
Transparencia, participación y colaboración
También asegura que, si bien en materia de transparencia los sujetos obligados del ecosistema de justicia cumplen con la publicación de sus obligaciones, el promedio baja drásticamente por la falta de publicación de resoluciones definitivas, que se considera el resultado principal de la actividad y “es una condición necesaria para darle eficacia a la garantía de seguridad jurídica”.
En materia de participación, explica el reporte: “las instituciones de justicia no han logrado apropiarse del paradigma de la centralidad de las personas, pues existen escasos mecanismos para la interlocución con la ciudadanía. En cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de participación en los que se contemple a todas las personas en situación de vulnerabilidad, existen tareas que aún están pendientes, ya que estas implican realizar importantes ajustes”.
En cuanto a la colaboración, el reporte señala que las instituciones realizan su trabajo con procesos “a puerta cerrada” con lo que omiten la experiencia ciudadana, lo que provoca que “su autonomía e independencia es vulnerable a injerencias políticas o de grupos de interés”.
Rendición de cuentas
El reporte advierte que, en materia de rendición de cuentas, las instituciones mantienen muy cerrada la información relativa a contrataciones y obras públicas, que considera las de mayor riesgo para la corrupción.
“No deja de ser paradójico que existe un cumplimiento deficiente de la obligación de publicar la declaración patrimonial y de intereses, pues se obtuvo apenas un puntaje de 0.46. Llama la atención este dato, dada la centralidad que ocupó en el espacio público la utilización de estas herramientas preventivas en materia de combate a la corrupción, tras la aprobación de la reforma. La exhaustividad de los formatos y la universalidad de la aplicación… han generado un escenario de gestión complejo. Sin embargo, se trata de una obligación legal cuyo incumplimiento injustificado produce una sanción”, subraya el reporte.
Otras fallas
Otras fallas generales detectadas por el estudio son la gestión inadecuada de los archivos; la falta de mecanismos para denunciar delitos de corrupción; la inexistencia de protocolos de atención a los denunciantes; la falta de mecanismos de atención a la violencia de género al interior de las instituciones; la ausencia de políticas públicas de apertura institucional; no publicar las tesis ejecutorias (o hacerlo de forma marginal), ni las versiones estenográficas de las sesiones públicas.
Respecto de las designaciones públicas de funcionarios, el reporte advierte: “aunque algunas de estas designaciones cuentan con mecanismos que involucran a otros poderes públicos, en general no se ha desarrollado una política institucional que permita conocer la fundamentación y motivación de las designaciones, las razones por las cuales se incluyen ciertos perfiles sobre otros y los canales de participación e interlocución que permitan el acompañamiento y la vigilancia ciudadana”. En el caso de Morelos, los escándalos y polémicas en torno a los nombramientos de funcionarios del sector justicia han sido constantes justo por la falta de esos criterios.