La regidora del ayuntamiento de Cuernavaca, Patricia Torres Rosales, aseguró que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) no ha reportado ningún avance en sancionar a los presuntos responsables de la caída del puente en el Paseo Ribereño de Cuernavaca, ocurrida el siete de junio de 2022.
La regidora, quien fue la víctima que mayor daño sufrió por el derrumbe, exhortó al Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, a continuar con la investigación y el proceso en contra de quienes resulten responsables de la catástrofe.
Torres Rosales aseguró que la carpeta de investigación no avanza y sólo se ha citado a una audiencia en el caso, misma que fue diferida, pese a que las acusaciones se encuentran debidamente sustentadas.
Aseguró que el Fiscal Anticorrupción deberá de responder en el avance de la judicialización, así como aquellos exfuncionarios que pudieran ser imputados: “Tienen toda la información necesaria para que realicen las imputaciones necesarias, llamó a que hagan su trabajo… para que se me haga justicia a este lamentable accidente que tuve, porque soy una sobreviviente de personas irresponsables y corruptas que dijeron que estaba bien el puente. Quien tenga que pagar que pague y hasta las últimas consecuencias”, explicó.
Por ello, Paty Torres aseveró que sólo busca que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) pueda procesar a los presuntos responsables de los funcionarios que fueron omisos en la caída del puente colgante.
El siete de junio del 2022, durante la inauguración del Paseo Ribereño, el puente colgante que era parte del recorrido por una de las barrancas de Cuernavaca se desplomó cuando estaban a bordo de él casi una veintena de personas, entre ellas el alcalde, José Luis Urióstegui y su esposa, regidores del cabildo y dos reporteros. El colapso de la estructura provocó lesiones a todos, varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados, y la regidora Torres Rosales fue quien más tiempo pasó interna en el hospital.
A unas horas del accidente, personal de la Fiscalía Anticorrupción acordonó el sitio para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades sin que hasta ahora se haya sancionado a ningún responsable. En contraste, apenas unos días después, la administración de José Luis Urióstegui cesó a cuatro funcionarios relacionados con los hechos.
