“Garantizar el respeto al secreto profesional de periodistas”, es la petición que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) a magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes recientemente, en un acto intimidatorio citaron a comparecer a un periodista tras presentar un trabajo periodístico que incluía un video de una audiencia pública.
El órgano defensor de las garantías individuales se pronunció a través de un comunicado de prensa, donde exige: “Adoptar, con arreglo a sus procedimientos internos, todas las medidas que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho al secreto profesional de las personas periodistas y colaboradoras periodísticas”.
Además: “Reconocer el derecho de las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas al ser citadas para que comparezcan como testigo, indiciada u otra calidad, ante autoridad ministerial o jurisdiccional en materia penal; así como parte, tercero o cualquier otra, en procesos jurisdiccionales u otro seguido en forma de juicio, a reservarse el revelar sus fuentes de información, identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas, salvo que la persona interesada de manera expresa las libere de esa obligación”.
La comisión también pide: “Evitar hostigamientos contra periodistas y personas colaboradoras periodísticas, y abstenerse de limitar el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, información y transparencia”.
Además, se hace referencia a otras denuncias hechas contra el Tribunal Superior de Justicia precisamente por violentar los derechos de periodistas y comunicadores, acusando que las resoluciones de los casos fueron tomadas por las mismas autoridades que incurrieron en estos actos.
De igual forma, destaca el contexto actual de violencia en contra de las personas periodistas en el país, pues es un hecho público y notorio la crisis de censura que enfrentan, lo que incluso fue documentado en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, en el que tanto periodistas como titulares de espacios informativos expresaron su preocupación por la aplicación, por parte de las autoridades, de la ley y de procedimientos legales para hostigar y silenciar actividades periodísticas críticas, por ejemplo, planteando acciones penales y civiles infundadas, “situación que no puede ni debe ser ajena a esta comisión como órgano garante de derechos humanos en la entidad, pues es fundamental considerar el contexto hostil del periodismo para velar por que el derecho a la libertad de expresión sea garantizado por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias”.
El pasado viernes, el periodista Carlos Quintero denunció que es víctima de una “persecución” por parte de los magistrados, esto luego de exhibir un video de una audiencia pública presidida por algunos magistrados. Sin embargo, el comunicador fue “forzado” a revelar quién le habría proporcionado el video, siendo amenazado de ser acreedor a una multa si no revelaba tal información.
El comunicador aseguró que es víctima de un hostigamiento desde el TSJ, resaltando que quienes actúan con desconocimiento de los procesos judiciales, son algunos de los magistrados que recientemente nombró el congreso local.
El documento emitido por la CDHM, concluye señalando que: “si bien al periodista no se le puede exigir que revele su fuente, ello no necesariamente implica que las personas servidoras públicas responsables de la información que tienen bajo su resguardo por razón de sus funciones puedan ser objeto de los procedimientos correspondientes por la infracción a las disposiciones aplicables, en los que, en todo caso, las autoridades competentes respeten a cabalidad los elementos del debido proceso, sin que la eventual responsabilidad puedan fincarla, bajo ningún concepto, a las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas”.