Hace unos días, el director Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, Oscar González Marín, dijo que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) protege al ex comisionado, Jesús Alberto Capella Ibarra, denunciado por los delitos de peculado, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, por lo que se ha desistido de entablar acción penal en su contra.
Ayer, los dichos del funcionario fueron avalados, ni más ni menos, que por el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, quien fue más allá al asegurar que en el caso están involucrados personajes de la administración federal. Son acusaciones muy graves.
González Marín confirmó que desde 2019, se presentó una denuncia contra Alberto Capella y otros ocho funcionarios por el desvío de recursos, por supuestos cursos impartidos en la Academia Estatal de Policía. La afectación estimada en la denuncia es de más de 32 millones de pesos, por cursos que no se impartieron y cuyas evidencias han sido ocultadas por la misma institución responsable de combatir la corrupción.
“El año pasado la Fiscalía Anticorrupción decidió no decretar el ejercicio de la acción penal, sin realizar las investigaciones mínimas necesarias para acreditar los ilícitos que denunciamos, ni mucho menos consideraron los actos de investigación que nosotros propusimos a la propia Fiscalía”, denunció el servidor público.
La CES insistió y llevó a Alberto Capella a juicio por la vía administrativa y se logró una sentencia de un año de inhabilitación. Además, un juez federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción morelense, por segunda ocasión, que investigara la denuncia presentada por la Comisión Estatal de Seguridad.
Los fiscales en nuestro estado no gozan de gran prestigio, y este caso parece dar la razón a sus críticos pues los únicos que no alcanzan a ver la corrupción en el caso Capella son los encargados de combatirla.
La política de ignorar la realidad y fingir que no pasa nada hasta que el escándalo sea sustituido por uno nuevo, que tan efectiva le resulta a la clase política, en este caso no parece que pueda funcionar porque quien acusa es uno de los tres poderes y, lo peor para ellos, el escándalo es ya demasiado público.
Es esta la misma Fiscalía que permite que sus funcionarios utilicen a sus agentes para amedrentar a sus ex esposas para no pagar la manutención de sus hijos, y la misma que clausura domicilios particulares de mujeres indígenas que, casualmente, son defensoras de los derechos humanos.
Por supuesto que estaremos pendientes del desenlace de esta nueva evidencia de que algunos funcionarios en Morelos entienden su trabajo de una manera totalmente opuesta no solo a lo que piensa el resto de la gente, sino a lo que mandata la ley.