Medardo Tapia Uribe
Uno de los temas que nos preocupan en el Estado de Morelos es el nombramiento de seis nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El tráfico de poder político, tratar designaciones como “mercancía política” (Michel Misse), se encuentra en el corazón de la corrupción y la captura del Estado. Cuando la posibilidad de este tráfico coincide con el nombramiento de los máximos impartidores de justicia, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, este proceso en manos de la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, es muy importante para la política y la impartición de justicia, porque en el campo de la justicia tenemos en Morelos las deficiencias más graves de todos los estados del país y en anteriores designaciones de los impartidores de justicia, se han observado tráfico de poder político y ha habido acusaciones muy fuertes de corrupción en el proceso en contra de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura.
Ayer 24 de mayo, se informó que seis magistraturas del Tribunal Superior de Justicia que serán decididas por la Cámara de Diputados de Morelos, la cual lanzará la convocatoria muy pronto. En la anterior convocatoria JPYG/002/TSJ/2021, se señalaba que se calificarían los aspirantes en base a: Los antecedentes curriculares, la calificación del ensayo científico jurídico, Los valores y antecedentes éticos del aspirante: fama pública, buena reputación y honorabilidad profesional. Además, se establece que sería causa de descalificación: Realizar gestiones personales ante los integrantes de la LIV Legislatura o cualquier otro servidor público en su favor relativo al procedimiento de designación contenido en esta convocatoria (Ibidem., p. 16). ¿Quién investiga y denuncia esto?
Queremos estar muy atentos en esta ocasión porque los resultados de la última convocatoria para otras tantas plazas de magistrados del TSJ de Morelos, en 2021 pudieron haber estado influidas de “tráfico de poder político”, pues algunos de los magistrados designados resultaron familiares políticos del subsecretario de gobernación federal y del Fiscal General del Estado: “Los diputados de la 54 legislatura designaron al cuñado del subsecretario de Gobernación Rabindranath Salazar, Francisco Hurtado Delgado; a la cuñada del titular de la Fiscalía General del Estado, Martha Sánchez Osorio, y dos abogados recomendados de la Secretaría de Gobierno del estado, Jaime Castera Moreno y Rafael Brito Miranda, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un periodo de 14 años. Estos nombramientos ocurrieron la noche del lunes, a un mes y 25 días de que concluya su legislatura al frente del Congreso local.” (Rubicela Morelos C., La Jornada, julio 7, 2021)
Este parentesco, desafortunadamente, no se establece como impedimento para su participación. Platicando con Jorge Jiménez, experimentado conocedor y periodista de Línea Caliente, le preguntaba “¿qué podemos hacer?”. Jorge dice que los perfiles de los aspirantes, los exámenes y la intachabilidad de antecedentes de denuncias podrían ser mejores parámetros para que los diputados decidieran sobre las magistraturas al TSJ de Morelos, en lugar de sus relaciones familiares y posibles acuerdos políticos para impartir justicia en Morelos por los próximos 14 años. Otros especialistas recomiendan que se hicieran exámenes de control de confianza, como en la policía, y verdaderos concursos de oposición. En la designación del actual Fiscal General de Morelos por el Congreso del Estado, se cuestionó “la influencia y presión del ex gobernador de Morelos 2012-2018, pero además solo para substituir a Javier Pérez Durón, sobrino político del propio gobernador. El gobernador de Morelos 2018-2024, Cuauhtémoc Blanco, señaló en relación con “el caso Ariadna” (Animal Político, 9 de noviembre de 2022): “ellos son los que tienen que remover al fiscal, acuérdense que el fiscal lo puso Graco Ramírez junto con la legislatura anterior y ahora le toca a los diputados que valoren al fiscal y que lo llamen a rendir cuentas. “
Este tráfico de poder político en Morelos también ha ocurrido en varios estados del país. En 2017, un año después de vencido el plazo para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado no había nombrado al Fiscal Anticorrupción nacional; mientras que Veracruz y Chihuahua, por su parte con sus casos ejemplares de corrupción, no habían hecho las reformas constitucionales para implementar el Sistema Estatal a nivel local; en ocho estados más, los nombramientos clave habían sido objetados “por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción. “
