Medardo Tapia Uribe*
Después de haber estado en la mañana del viernes 21 de octubre pasado en Guadalajara discutiendo sobre los “Retos de los gobiernos municipales en México sobre “Rendición de Cuentas, Seguridad y Corrupción…” en una mesa que participaba el Presidente del Colegio de Jalisco, Roberto Arias y Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCC) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que dirige el propio Mauricio Merino, nos enteramos que allí mismo en un restaurante de Guadalajara había sido asesinado el Director de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del gobierno municipal de Puerto Vallarta, quien se presentaba, además, como “coordinador del gabinete del Presidente Municipal de Vallarta, Luis Michel”. En el mismo sitio también fue asesinado el ex comisario de policía de Puerto Vallarta L. F. Muñoz Ortega. John Ackerman publicó una nota en El Universal (22, octubre, 2022) que el funcionario, así lo escribió Ackerman, “es un narco de Vallarta… ” que incluso había logrado, mediante posibles actos de corrupción, obtener una votación de 2,362 votos para ser electo como Consejero de Morena del estado de Jalisco “por acarreo de gente”, intentando erróneamente quizás deslindar al personaje y funcionario de la administración municipal y de Morena.
La desafortunada coincidencia es que por la mañana en esta discusión académica en el IIRCC de la UdeG, yo había señalado que muchos gobiernos locales y municipales del país estaban siendo acosados por la delincuencia organizada. El último expresidente municipal de Cuernavaca (2018-2022), vinculado a proceso y hasta donde se ha informado preso por una denuncia de “ejercicio Abusivo de Funciones” que hizo la Contraloría del Ayuntamiento de Cuernavaca (2022-2024). Sin embargo, —según Sedena Leaks— el último ex alcalde de Cuernavaca (2028-2022) había rechazado un acuerdo para continuar lo que alguna administración municipal pasada había permitido, que la delincuencia organizada “administrara el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado [SAPAC] de la ciudad” (Animal Político, octubre 6, 2022). Esto, además, según investigaciones de Sedena Leaks de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Marina… y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que encontró: “presuntos nexos con el crimen organizado… de 18 alcaldes [de Morelos], siete diputados de todos los partidos, nueve jueces, un senador y dos abogados” (Animal Político, op. cit.). Esto, en realidad no es tan extraño, si consideramos que Morelos apareció en el primer lugar en corrupción en todo el país, según la encuesta nacional de World Justice Project, Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 (2022, p.12). Nuestra investigación había encontrado también en una entrevista con el expresidente municipal de Xalapa (2018-2021), los grandes problemas de corrupción en el sistema operador de agua potable de Xalapa y que él enfrentó y solucionó con una gran cantidad de denuncias. Además, imposible de imaginar esta terrible coincidencia del asesinato del director del SAPyA de Puerto Vallarta, porque yo sostenía hipotéticamente por la mañana en la mismísima Guadalajara, que muchos gobiernos municipales del país y sus alcaldes estaban siendo acosados desde hace varios años, como había sido evidenciado y conocido ampliamente con los casos de Michoacán, Guerrero y Morelos; algunos de los cuales habían terminado con el asesinato de alcaldes, exalcaldes y recientemente de una diputada del Congreso local en un posible y obscuro tráfico de poder político, como ocurriría por la tarde en Guadalajara.
A muchos de estos problemas de presunta corrupción le llaman los especialistas “captura del Estado” y una Corrupción Sistemática Avanzada, apropiarse de los puestos de representación política de los gobiernos locales en beneficio personal o particular. Mauricio Merino señala en el Informe País 2020. Sobre el Combate a la Corrupción en México: “la corrupción nace de la captura del Estado. No importa que justificación se esgrima: siempre que los poderes públicos son utilizados como recurso exclusivo y excluyente de un grupo económico o político se corrompe la naturaleza de los asuntos públicos en busca de una mayor acumulación de poder o dinero, o de ambos. La corrupción es la consecuencia inevitable de la captura del Estado.” (M. Merino, coordinador, 2022, p.2) Merino define la corrupción como “la apropiación ilegítima de lo público” y no se debe de confundir el combate a la corrupción como el castigo a individuos corruptos, “sin considerar las prácticas, los espacios y las oportunidades que tuvieron para incrementar su poder político o su riqueza… combatir a la corrupción desde sus causas equivale a liberar al Estado de quienes lo capturan para servir a sus intereses políticos o financieros” (Merino, Ibidem.).
*Investigador del CRIM/UNAM en Morelos.