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Los verificadores del ayuntamiento de Cuernavaca han sufrido amenazas que llevan a cancelar los operativos de clausura de bares en la ciudad, aseguró el secretario municipal, Carlos de la Rosa Segura, quien reconoció que los establecimientos quedan “fuera del alcance” de la autoridad municipal a pesar de la infinidad de quejas vecinales en su contra.

“Cuando acudimos a estos establecimientos empezamos a recibir llamadas, no en lo personal pero sí los verificadores, con amenazas en el sentido de que si no se retiran podrán sufrir alguna desgracia”, explicó el secretario a unas horas del operativo de cateo a un bar sobre la calle San Diego en la colonia extensión Vista Hermosa, en que la Fiscalía General de la República detuvo a dos personas.

“Hemos tratado, como lo he comentado en varias ocasiones, a través de los procedimientos adecuados, llevar a cabo la clausura de esos lugares. Desafortunadamente, reitero, las autoridades federales y todos los amparos que solicitan, les conceden las suspensiones y vuelven a abrir”, lamentó.

Carlos de la Rosa aseguró que el ayuntamiento dará seguimiento a los hechos ocurridos en la cervecería cateada, “esperemos poder llegar a feliz término a la brevedad y que el resto de klos establecimientos entiendan que son lugares de esparcimiento, en los que deben brindar seguridad a la ciudadanía y que no deben convertirse en un foco de peligro y riesgo para quienes quieran sanamente divertirse”.

La cervecería La 29, ubicada en la calle San Diego, en la llamada zona Diamante de Cuernavaca, fue cateado en un operativo que comenzó entrada la noche del miércoles y continuó hasta la mañana del jueves. En el sitio, trascendió la detención de dos personas.

En julio de 2022, luego de un altercado dentro del bar, los agresores fueron echados del establecimiento, al que regresaron para abrir fuego en contra de los presentes, un mesero y un trabajador del servicio de Valet Parking resultaron heridos.

Hace apenas seis días, el secretario municipal de Cuernavaca había advertido que pese al intento por clausurar más de una decena de bares y comercios que no cumplen con medidas de seguridad, los amparos concedidos por juzgados federales impidieron los operativos de clausura.

“Ahí tenemos un problema con la autoridad, pues en su momento clausuramos a Terraza Reforma y posteriormente se amparó, no nos permiten hacer nuestro trabajo y la concesión de la suspensión de los amparos cuando nosotros como autoridad determinamos la inoperancia de un lugar porque no cumplieron con los requisitos o por hechos de violencia, las autoridades judiciales no nos toman en cuenta y les conceden los amparos”, explicó entonces.