El activismo judicial es el involucramiento del aparato judicial en la actividad política. Las decisiones de jueces, magistrados y ministros con base en sus preferencias políticas en lugar de una interpretación netamente legal, fiel a la ley o a la Constitución. Este activismo, en un sistema presidencial como el nuestro, siempre ha existido, solo que parte del ritual político era guardar las formas, no hacer evidente que el Poder Judicial está supeditado al Presidente en turno. En tiempos de la 4T, esta situación también se transformó y la cultura política de colaboración entre estos dos poderes sufrió cambios que no se anticipaban hace seis años.
Mantener el orden constitucional y proteger los derechos es la principal función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El llamado activismo judicial se da cuando los juzgadores actúan encima de su rol legal y tradicional, y empiezan a influir en las políticas publicas o en la legislación de manera permanente y con fines políticos. Aquí la pregunta es ¿vivimos tiempos de activismo judicial porque el Poder Ejecutivo trató de someter y tratar como subordinado al Poder Judicial y fue una reacción ante este trato? o ¿fueron los propios ministros de la SCJN quienes por ambición personal o por beneficiar a grupos de interés políticos y económicos decidieron convertirse en activistas políticos? Mi opinión es que es cierta la respuesta a ambas preguntas. De manera tradicional a nuestra cultura política, que desde luego no comparto, intentaron someterlos; pero también son ambiciosos y pasaron del poder que les otorgaba su investidura judicial a convertirse en actores políticos, rompiendo una larga tradición de no involucrase públicamente en “la política”.
Un poco de teoría constitucional para entender el activismo que durante este sexenio han tenido las cortes mexicanas. El rol del Poder Judicial en las democracias modernas es mucho mas que un poder del Estado para dar equilibrio al Ejecutivo y al Legislativo, la famosa teoría de los pesos y los contrapesos constitucionales. Ademas de tener el control de la constitucionalidad -que todos los actos de gobierno y las leyes se apeguen al texto constitucional-, el Judicial también tiene el monopolio de la interpretación legal. Es decir, los jueces, magistrados y ministros tienen la última instancia de decisión y las implicaciones de sus resoluciones judiciales afectan de manera directa tanto los actos del Gobierno como las legislaciones y las reformas legales del Congreso. Hay activismo judicial cuando los jueces se involucran de una manera o de otra, uno para acatar órdenes generalmente del Ejecutivo; o bien, para usurpar funciones legislativas o del Ejecutivo que entorpecen las labores de los otros poderes. Al final del día, con el activismo de los miembros del Poder Judicial se compromete el principio de separación de funciones del Estado.
Lo cierto es que en la realidad política actual, las decisiones del Poder Judicial afectan sin duda las políticas públicas y funcionan como control a las decisiones del gobierno. La deseable colaboración no debe convertirse en servilismo, pero tampoco en obstáculo. En un sistema presidencialista como el nuestro, la independencia del Poder Judicial es fundamental. Pero también lo es la neutralidad de nuestras cortes para fortalecer el sistema constitucional y el Estado de Derecho. En las últimas décadas habíamos avanzado mucho en este aspecto.
La primera función del Judicial es que los otros poderes del gobierno federal, estatal y municipal y del Legislativo operen dentro del marco de la Constitución. Ellos son los que declaran, o no, si la actuación responde a lo que dice la Constitución. A través de la revisión judicial, las cortes pueden derogar leyes o dar reversa a decisiones del Ejecutivo que se consideren inconstitucionales de ahí que sus decisiones legales tengan implicaciones políticas, por eso no pueden, en teoría, tener interés político: eso arruinaría esta importante función.
Las cortes también son árbitros en disputas entre el gobierno y los ciudadanos. El amparo es para limitar el uso del poder público y el abuso que se pueda dar de este. En el caso del Legislativo, el Judicial debe prevenir el mal uso de la tiranía de la mayoría donde derechos de minorías son afectados, o legislaciones abusivas puedan ser limitadas o incluso suprimidas por el Judicial. Su rol entonces es fundamental.
¿Qué está pasando en México en estos momentos en la inusitada actividad política del Judicial? Rumores iban y venían desde hace algunos años que señalaban que Arturo Zaldívar, entonces presidente de la SCJN, estaba al servicio de Palacio Nacional. Insisto, nada extraño en nuestra historia política de presidencialismo exacerbado. Al parecer el tema empezó a complicarse más por las formas de ejecutarlo que por la tradición política.
De manera autoritaria se hacían peticiones, insisto, tal y como ha sucedido tristemente en la historia de México. Nunca ha habido independencia judicial y en este sexenio, ante resoluciones de algunos jueces que frenaban sobre todo obras prioritarias del Presidente López Obrador, la bomba estalló.
De repente, de manera pública se empezó a hacer sentir el poder del Palacio de junto al Palacio Nacional, el Palacio de Pino Suarez. Muchos actores empezaron a hacer antesala en la SCJN, y se despertó la ambición al saberse ya jugadores políticos. Se dejaron los libros, las leyes y los expedientes para buscar las reuniones, los negocios jurídicos -que son muy redituables- y, lo peor, el reflector público.
Arturo Zaldívar renunció a su cargo, o en la terminología correcta es Ministro en retiro, en los tiempos exactos para después buscar ser Fiscal General al término del periodo de Alejandro Gertz Manero, y se sumó a la actividad proselitista abiertamente. Pasó de ser árbitro a ser parte y de ahí todos los rumores y especulaciones parecieron confirmarse. Ya había, desde luego, señales claras de sus diferencias con un bloque de Ministros, sus votos en las Salas y en el Pleno lo demuestran, pero su actual activismo político confirmó lo que ya se sabía. Hay muchos que no terminamos de dar crédito, Zaldívar fue un abogado destacado, un maestro con vocación, un Ministro preparado e inteligente, pero nunca un político.
Por su parte Norma Piña, una abogada con una gran carrera judicial desde que asumió la Presidencia de la Suprema Corte venciendo a Jasmín Esquivel, la que parecía ser la preferida de Palacio Nacional, saltó a la escena pública. Denostada y alabada simplemente le tocó la “papa caliente”. El activismo judicial de la SCJN parecía no tener boleto de regreso.
Sin embargo, dejar que el tren del activismo siga su camino arrastrando el prestigio del Poder Judicial mexicano tras las denuncias y la exposición pública de ellos mismos, hace parecer que la Ministra Piña sí pudiera tener una inclinación política contraria a la 4T, y no como la primera defensora del orden constitucional como muchos la vemos.
El acabose fueron las denuncias anónimas en pleno proceso electoral. Me pregunto ¿porque no lo hicieron tiempo atrás? ¿Por qué si hay evidencias del supuesto trafico de influencias del ministro Zaldívar las exponen en pleno proceso electoral? Eso, es activismo judicial de carácter político, aquí y China. No supieron medir el tiempo político y detonan las denuncias en el peor momento, afectando un proceso electoral en curso. Si querían llamar a cuentas al ministro en retiro que los metió en este tobogán, lo hubieran hecho, pero no en tiempos electorales y menos a mes y medio de las elecciones presidenciales.
El rol del Poder Judicial y, en específico de la Suprema Corte, en política es indispensable y complejo. No se puede negar pero no DEBEN meterse en política, y menos en política electoral. Si Piña está con Xóchitl -que habría que comprobarlo-, o si Zaldívar estuvo al servicio de la 4T ilegalmente -que también habrá que probarlo-, es un error monumental sin precedentes públicos en México. Al sacar sus “trapos al sol” en medio de un proceso electoral le hacen un enorme daño al Poder Judicial y al proceso electoral, pero sobre todo, a la democracia mexicana.
Todavía peor es que con mucha posibilidad el asunto tenga motivos de carácter personal. La verdad es que después de este espectáculo sin precedentes en nuestra historia moderna, parece no importarles el riesgo en que ponen a nuestra frágil democracia. Ha llegado el momento de manera contundente de poner un alto a las ambiciones de los personajes, ayer árbitros y ministros, hoy activistas y proselitistas políticos.
El horno no está para bollos, no deberían estar dando ese espectáculo, no es su función constitucional, México vale más que sus pleitos y sus ambiciones personales. Al final la historia los juzgará, y ese juicio no tendrá posibilidad de amparo si fructifica la inverosímil reforma que se intenta en contra de la histórica joya de nuestro sistema jurídico: el juicio de amparo. De eso deberían estar hablando y debatiendo, y no de la pobreza de sus desafortunadas carreras políticas.