(Primera parte)
A inicios del siglo XX, la Cananea Consolidated Cooper Company (4C), empresa minera de extracción de cobre en Sonora y propiedad del coronel estadounidense William Green, entregaba un cheque mensual al teniente porfirista Emilio Kosterlitzky. Un militar despiadado que operaba desde su puesto en Magdalena. Sus tareas consistían coordinar a los individuos de la policía rural para perseguir y matar indios yaquis o mantener a raya “a esos locos autodenominados liberales”. Así se refiere el coronel en su correspondencia con George Young, funcionario de la empresa encargado de enviar entre 290 y 350 dólares por los servicios de protección. La relación entre Kosterlitzky y la 4C se extendió por más de una década. Lo testimonian las cartas escritas entre 1901 y 1911 que se encuentran en los archivos de la Arizona Historical Society en Tucson. Poco más de 100 años después, en esa misma región, los consorcios mineros se sirven de la Guardia Nacional, la policía estatal y los sicarios para amedrentar y criminalizar a las personas defensoras de la tierra.
Cananea ha sido un enclave minero desde entonces. Las similitudes de la relación de los gobiernos porfirista con la 4C y del presente con el capital minero son sorprendentes. La 4C del coronel Green diseñó el pueblo Cananea y sus servicios, en función de garantizar el funcionamiento de la mina. Existió un dominio de la minera en todos los órdenes de la vida. Los empleados de confianza de la compañía administraban la municipalidad del pueblo. Ignacio MacManus, tesorero de la compañía entre 1903 y 1906, fue, al mismo tiempo, presidente municipal del poblado. Los vasos comunicantes de la 4C con otros órdenes de gobierno eran directos y expeditos. El gobernador Rafael Yzábal, tenía contacto directo con el magnate Green y atendía sus requerimientos. El vicepresidente de la República, Ramón Corral, era socio de la empresa.
Hoy, los funcionarios de los gobierno federal, estatal y municipal están imbricados con los consorcios mineros a través del clóster minero de cada estado. Otra forma de integración entre gobiernos y capital minero es la trasmutación de los funcionarios públicos a ejecutivos de alto nivel de las multinacionales mineras y, similar a lo acontecido con la 4C, se convierten en accionistas de las empresas.
El clóster minero de Sonora es probablemente el más poderoso del país, debido a su lugar como primer productor de oro. Si desde 1896 Cananea es un enclave minero, en la actualidad son enclaves más regiones de Sonora donde operan las minas que extraen oro y cobre. La razón que gobierna en esos territorios es la de la ganancia del capital transnacional que determina la organización social y política de esas zonas. Los derechos laborales y humanos de la población dentro del enclave se violentan permanentemente.
Un enclave, es la simbiosis entre capital transnacional y los aparatos estatales que definen políticas de promoción de la inversión extranjera e integran un territorio al circuito internacional (como ocurrió a finales del siglo XIX) de venta de productos minerales, agrícolas o pesqueros en donde la tierra ocupada es un vientre prestado para gestar mercancías que se comercian en el mercado internacional.
En Cananea y Caborca, los gobiernos local, estatal y federal, se han aliado en redes de corrupción con el Grupo México e Industrias Peñoles para garantizar la producción de cobre y oro a los más bajos costos de producción.
No se trata de la maldad de unos señores ambiciosos y corruptos, que lo son, sino del imperativo de la obtención infinita de ganancias mediante el dominio de las corporaciones sobre la naturaleza y que, para lograrlo, se sirven del Estado bajo cualquiera de las formas que adopte. Sea liberal, neoliberal o postneoliberal. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la República, diseñaron y protegen las normas que han legitimado el saqueo de los recursos de la tierra y lo han hecho pasar como una actividad positiva que contribuye al crecimiento económico y social. Luego de 5 años de mantener inmutable esta situación, el gobierno de la 4T intenta poner pequeñas limitaciones al gran capital minero. Tan pequeñas que ni se notan.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México