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Latinoamérica se conoce en el medio empresarial minero como la tierra del éxito, por el acceso casi irrestricto a la extracción de metales. La región atrajo las mayores inversiones en exploración desde 1994. México ha sido uno de los principales destinos de la inversión para sacar oro. Entre 1993 y 2013 este tipo de inversión se duplicó.

Este nuevo año, inicia con el 9% del país concesionado a las empresas mineras. En 2021 sumaban poco menos de 16 millones de hectáreas entregadas a las mineras. Su desmesurada posesión territorial no se ha modificado. En México, las mineras han mantenido sus planes de exploración e inversión en nuevas minas a cielo abierto, sin modificaciones sustanciales, año tras año desde 2018. Este 2024 no es la excepción. Anuncian nuevos hallazgos en los “cinturones de oro” de los estados sistemáticamente saqueados. En Guerrero, Torex Gold, que recibió la aprobación de la Semarnat en 2022, anuncia el avance sin limitaciones de su megaproyecto de extracción de oro Media Luna con una inversión de 874 millones de dólares. Iniciará su devastadora producción a finales de 2024.

En Caborca, Sonora, Minera Colibrí Resourses Corporation anunció que encontró en el área de West Sahuaro oro en una proporción de 0,350 gramos por tonelada. Estas ínfimas cantidades de oro en la tierra se consideran de alta ley e implicarán, de convertirse en una mina, la destrucción de miles de hectáreas en el desierto.

En Zacatecas, Minera Alamos dice avanzar en la construcción de Cerro de Oro. En Jalisco hay también un proyecto a cielo abierto.

Pero la región fantástica para la inversión minera dejó de serlo, al menos en algunos países. Cada año es más difícil que las mineras continúen saqueando la región sin consecuencias. El 28 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el acuerdo entre el gobierno y la minera canadiense First Quantum, que concedía un contrato por 20 años para extraer cobre, renovable por otros 20 más a cambio de 375 millones de dólares anuales de ingresos para Panamá. La Ley 406 fue cancelada porque durante un mes hubo movilizaciones multitudinarias en todo Panamá. Le llamaron la ira publica a la determinación de una incuestionable mayoría de rechazar un acuerdo que implica la destrucción de 5 mil hectáreas de selva. Hubo paros, bloqueos de carreteras y marchas de decenas de miles.

El líder sindical minero, Saúl Méndez, expresó el sentir general: el acuerdo con First Quantum viola la soberanía nacional pues otorga a la empresa control del espacio aéreo, terrestre y marítimo de Panamá. Además, la empresa no respeta los derechos de los trabajadores mineros.

Aumentan las regiones, provincias y países que logran tener claridad sobre el impacto lesivo de la minería de metales.

En contraposición, los empresarios mineros en México, agrupados en sus clósters y en la Cámara Minera, llaman a los panameños a seguir el ejemplo de México donde, explican con cinismo, la minería ha sido una fuente significativa de ingresos y ha enfrentado los desafíos ambientales, el respeto a los derechos humanos y bla, bla bla… En realidad, lo que dicen es que no han sufrido el profundo y generalizado cuestionamiento como en Panamá. Al menos no a nivel nacional pero sí han sufrido fuertes reveses locales.

*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México