Expresidentes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos presentaron ante el Congreso de la Unión una solicitud de juicio político contra 14 diputadas y diputados del Congreso Local por presuntamente violentar el artículo 116 de la Carta Magna durante la designación de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, ya que dejaron de lado los requisitos legalmente establecidos.
La designación de magistraturas fue por un periodo de 14 años y se concretó entre el 24 y 25 de noviembre pasados.
Los ocho expresidentes de la cita Barra de Abogados (entre los que figuran Hugo Bello Ocampo, Pedro Luis Benítez Vélez, Santiago Romero, Felipe Caso Rodríguez Montoya y César Salgado entre otros) urgieron a las diputadas y diputados federales a que no pierdan de vista el nivel de corrupción que prevalece en Morelos.
Miguel Ángel Rosete Flores, expresidente de la citada organización de abogados, informó que la solicitud de juicio político se ingresó este fin de semana y va contra el denominado G15, integrado por diputadas y diputados de Morena, Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, el PAN, el PRI y Movimientos Ciudadano.
“Se considera que violenta el apartado III del Artículo 116 de la Constitución en el sentido de que hay requisitos para ser designado magistrado y ninguno de las y los designados magistrados cumple con esos requisitos establecidos en la Constitución”, dijo en entrevista para La Jornada Morelos.
“Por ejemplo [La Constitución] dice que preferentemente deben contar con carrera judicial, es decir, significa que se buscará o se elegirá a personas con perfiles que de preferencia tengan en carrera judicial, pero carrera judicial óptima, y no que por estar laborando en el TSJ se considere que tengas una carrera judicial”.
El expresidente de la Barra de Abogados destacó que adicionalmente integraron a una persona que incumple con el requisito de honorabilidad intachable estipulado en el artículo 116.
“La hoy magistrada Anahí Bahena López, está impedida porque fue vinculada a proceso por un acto de corrupción, es decir, por la denuncia de una pensión dorada en el sexenio de Graco Ramírez”, apuntó.
Otra designación que causa controversia es la de María Luisa Sánchez Osorio, esposa del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara.
“En este procedimiento totalmente irregular se premia no el talento, sino la complicidad y me refiero a la designación como magistrada de la esposa del Fiscal General del Estado con todos los antecedentes que tenemos y los cuestionamientos que hay sobre la institución, un fiscal con cuatro carpetas judiciales, con cuatro causas penales y hoy pareciera ser premiado con la designación de su esposa como magistrada”.
Para el abogado y también aspirante a una magistratura, “toda esta serie de irregularidades y por otro lado el escándalo de venta de magistraturas son elementos suficientes para que las y los diputados sean llevados a juicio político”.
De manera paralela, el abogado analiza la posibilidad de presentar un juicio impugnación al considerar que en el proceso de designación le fueron violentados sus derechos como aspirantes.
