El gobierno del estado de Morelos tiene pendientes por aclarar 888 millones 18 mil 624 pesos correspondientes a Participaciones Federales a Entidades Federativas del 2022, según refleja el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que presume probables daños a la Hacienda Pública por hasta 710.4 millones de pesos en ocho dependencias estatales: Servicios de Salud Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Instituto de Infraestructura Educativa, Oficina de la Gubernatura del estado, Instituto de la Educación Básica, Instituto del Deporte, Secretaría de Desarrollo Económico y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia.
La Auditoría publicó la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, en que los montos por aclarar del gobierno del estado crecieron de alrededor de cien millones de pesos acumulados en las primeras dos entregas, a 994 millones 331 mil 700 pesos, derivados de la revisión de las participaciones federales a entidades federativas que generaron dudas en la aplicación de más de 888 millones de pesos.
En enero pasado, la senadora Lucy Meza Guzmán, denunció que la ASF había detectado probables desvíos por más de tres mil millones de pesos en las cuentas el gobierno de Morelos entre 2019 y 2022. El gobierno de Morelos acusó falsedad en las declaraciones y reconoció que estaba en proceso de atención de las observaciones hechas por el órgano fiscalizador federal, respecto a las auditorías del 2022, el Ejecutivo reconoció que faltaban por aclarar sólo 46 millones 292 mil 700 pesos, correspondientes al gasto realizado por dependencias del Ejecutivo en ese año.
Sin embargo, la nueva entrega de auditoría revela que el Ejecutivo deberá aclarar el uso de más de 888 millones de pesos, que representan el 10% de la muestra auditada en esa cuenta particular.
El dictamen de la auditoría 1248 de la ASF expone que de la revisión de poco menos del 80% de los recursos destinados a Morelos por participaciones federales durante el 2022, arrojaron inobservancias de la norma por más del 10% de la muestra auditada.
“En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 736,946.8 miles de pesos y solicitudes de aclaración por 151,071.8 miles de pesos, que representaron el 10.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, señala el documento.
Por dependencia, el informe presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un momento de 484 millones 515 mil 535 pesos con noventa centavos “más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los gastos realizados en 21 contratos ejecutados por los Servicios de Salud Morelos… en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I, y de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 33, 60 y 80”.
En el caso de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el daño sería de 144 millones 498 mil 490 pesos con 29 centavos, “más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por la falta de documentación justificativa de los gastos realizados en 14 contratos ejecutados por la Comisión”.
La Oficina de la Gubernatura de Morelos aparece en dos capítulos, primero por un daño probable de once millones 536 mil 600 pesos más rendimientos financieros por la falta de documentación justificativa de gastos realizados en siete contratos; y otro daño por dos millones 656 mil 34.87 pesos, por los gastos ejercidos sin justificación en un expediente que también refiere al Congreso del Estado al que se responsabiliza por el probable daño por 2 millones 842 mil pesos.
Finalmente, al Instituto de Infraestructura Educativa también se le señala como responsable de un probable daño a la Hacienda Pública por 39 millones 776 mil 338.86 pesos, más sus rendimientos, por la falta de justificación de los fastos en un solo contrato de obra pública y servicios.
La Auditoría también encontró probable daño al erario por 27 millones 725 ml 65 pesos con 62 centavos, derivado de los gastos no justificados debidamente en ocho contratos por 7.1 millones de pesos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); tres contratos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos por 15 millones 771 mil 517.84 pesos; dos contratos del Instituto del Deporte del Estado de Morelos por tres millones 123 mil 752 pesos; y un contrato por un millón 724 mil pesos de la Secretaría de Desarrollo Económico.
El mismo dictamen de auditoría revela que la Fiscalía General del Estado sería responsable de un probable daño por 23 millones 396 mil 707.60 pesos, más sus rendimientos, por la falta de documentación que justifique los gastos de nueve contratos, lo que viola la ley y los lineamientos de adquisiciones del propio órgano autónomo.
El documento advierte también emitió responsabilidades administrativas sancionatorias para que la Secretaría de la Contraloría del estado o su equivalente realice las investigaciones pertinentes e inicie los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que cometieron irregularidades por omisión en su gestión en el gobierno de Morelos, los Servicios de Salud Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Instituto del Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Infraestructura Educativa.