Algunas de las más graves consecuencias del contexto de empoderamiento del crimen organizado, inseguridad generalizada e impunidad galopante, son los daños colaterales que se ocasionan a familias enteras y a los menores de edad.
Parece ser que en la actualidad en México y en nuestro estado se puede delinquir sin que pase nada y esa noción persuade a algunos a involucrarse en actividades ilícitas. En el caso de los menores de edad, además, puede intervenir la guía de adultos que saben que, en el peor de los casos, los menores de edad sufren penas mucho más suaves para los mismos delitos que podrían hacer pasar años en prisión a una persona mayor de los 18 años.
Ayer, el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), dio a conocer que cerca del 50 por ciento de los menores que se encuentran recluidos en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), han sido abandonados por sus familias. En el Centro, se informó, hay entre 70 y 80 menores que enfrentan un proceso penal o ya cumplen una condena.
La delincuencia infantil y juveniles un tema muy espinoso que el Estado mexicano no ha logrado enfrentar de manera eficiente y que muchos prefieren soslayar como casos de excepción, pero no es así: el año pasado, en el Primer Encuentro Internacional de Investigación del Consorcio Global sobre Delincuencia Juvenil y su Prevención, se calculó que en México, al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes participan de algún modo en actividades delictivas como la extorsión, el tráfico de personas, la piratería y el trasiego de drogas, entre otras.
Ya sea por las necesidades familiares, una educación distorsionada recibida en el seno familiar o por simple descuido, son muchos los niños y adolescentes mexicanos que están envueltos en actividades fuera de la ley y que, tarde o temprano, incluso cuando sean adultos, corren el riesgo de acabar en algún centro de detención enfrentando un juicio penal.
En aquel Encuentro Internacional -llevado a cabo en nuestro país bajo los auspicios de la UNAM- participaron equipos multidisciplinarios de América Latina, Norteamérica y Noruega, especializados en el área de la Educación, Educación Especial, Justicia Juvenil, Justicia Restaurativa, Trabajo Social, Sociología, Psicología y Orientación, y coincidieron que es necesario reconocer a los menores como sujetos de derechos y garantías para poder ejercer el principio de justicia restaurativa, aquella que es un enfoque alternativo a la justicia penal tradicional que busca abordar el daño causado por un delito desde una perspectiva más amplia y reparadora socialmente, que, en lugar de centrarse principalmente en castigar al delincuente, busca sanar las relaciones dañadas y restaurar la armonía en la comunidad afectada. Aun suena como una utopía pero que, si en algún sector de la sociedad valdría hacer el intento, sería precisamente en los menores de edad.
Sin embargo, un elemento vital para la justicia restaurativa en los menores de edad es la familia, aquella que ha abandonado a sus niños, antes o después de que fueran detenidos y enfrenten un juicio por sus delitos. De hecho, muchos de los delincuentes juveniles se acercan a los grupos delincuenciales en busca de modelos a seguir o de la compañía que se les niega en casa.
Estos jóvenes abandonados hoy podrán ser una espina para la sociedad pero son también el indicio de que algo está mal en nuestra sociedad, a la que le gusta presumir sus valores familiares. En este caso, el Estado no puede hacer mucho más que seguir lo que mandata la ley y así ningún menor de edad puede enmendar el camino ni restañar las heridas que ya le infringió su circunstancia.