Por Ismael Eslava Pérez*
Mediante Decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal, de 17 de mayo de 2019, se derogó el diverso del mismo día y mes de 2014 a fin de sustituir el Dia Nacional de la lucha contra la homofobia por el Día Nacional de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia ya que refieren problemáticas particulares que requieren atención específica. Tal conmemoración coincide con la fecha en que la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1990, y es una oportunidad para recordar que los principios universales de equidad, igualdad, no discriminación, inclusión, perspectiva de derechos humanos y enfoque diferencial y especializado, entre otros, constituyen compromisos ineludibles del Estado mexicano en la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos. Bajo este paradigma, esta efeméride permite insistir en la importancia de sensibilizarse sobre los derechos humanos de las personas LGBTI y celebrar nuestra diversidad.
A lo largo de la historia contemporánea, el Estado mexicano ha dado pasos para erradicar la discriminación en todo el territorio nacional. No ha sido una tarea fácil, mucho menos una labor que se considere concluida. En el quehacer cotidiano y en el actuar de las instituciones públicas se advierte que el fenómeno de la discriminación y la violencia que experimentan diversas poblaciones y sus familias está lejos de erradicarse. Los esfuerzos realizados han sido insuficientes. México sigue siendo un país de asimetrías, donde la desigualdad y la discriminación son caras de un mismo prisma social. Prueba de ello es el hecho de que las poblaciones de varones homosexuales, mujeres lesbianas y personas bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, entre otras, son proclives a recibir un trato discriminatorio que se caracteriza por alguna distinción, exclusión o restricción basada en alguna característica propia de la persona y tiene como consecuencia impedir o anular el ejercicio de un derecho.
Resulta paradójico que, frente a los avances normativos e institucionales en materia de derechos humanos, existan prácticas cotidianas de discriminación, por lo que se requiere que tenga mayor penetración social el concepto tolerancia, entendido como el ámbito bajo el cual se debe desarrollar cualquier relación humana, capaz de entender que las coincidencias y diferencias son parte de la esencia cotidiana, sin embargo, sería erróneo no reconocer que desafortunadamente aún persisten prácticas discriminatorias en nuestro país por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género que tienen su origen, entre otros factores, en la falta de información, en la ignorancia y en educaciones intolerantes heredadas, conductas todas que hoy en día mantienen una reticencia social por reconocer que nuestra riqueza cultural y cognoscitiva se desarrolla precisamente bajo esa diversidad.
Estigmatizar a un grupo por su orientación sexual no sólo atenta contra la dignidad humana, sino que llega a provocar actos de discriminación que aíslan a las personas impidiendo el desarrollo normal de su personalidad y, en casos extremos, provoca que sean víctimas de crímenes que, en muchos casos, quedan en la impunidad. Por ello, se deplora cualquier acto de homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia por acción u omisión; nadie tiene que vivir su orientación sexual, su identidad o expresión de género en la oscuridad y nadie tiene que sufrir consecuencias negativas en el ámbito familiar, social, educativo o laboral por tener una preferencia sexual distinta a la hegemónica
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y con el aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reveló que el 20.2% de la población mayor de edad fue discriminada por alguna característica personal, como puede ser la orientación sexual.
En la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), se señala que en el último año el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo, el 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho, y una de cada dos personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su último empleo.
También en el año 2018 se publicó el Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia personas LGBTI, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la Fundación Arcoíris, estudio que dio a conocer que el 63% de las personas encuestadas conocieron a una persona privada de la vida en los últimos tres años por su orientación sexual.
El reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, en el plano normativo, se debe de acompañar con el diseño e implementación de políticas públicas que contemplen medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas dirigidas de manera integral a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.
Es necesario erradicar el estigma y la discriminación contra las poblaciones LGBTI, a fin de que sus derechos fundamentales sean ejercidos plenamente, su dignidad sea respetada y se alcance una sociedad plenamente democrática y respetuosa de los derechos humanos.
* Especialista en derechos humanos y profesor universitario
