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Separación de poderes o trincheras partidistas.

Vicente Arredondo Ramírez *

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Es desesperante el desperdicio de energía social que sucede en México, en razón del conflicto entre los tres poderes federales de gobierno. Los más importantes órganos de gobierno nacionales miden fuerzas y confrontan las funciones especializadas que les otorga la Constitución. Se crea confusión y polarización entre la sociedad mexicana, porque al final es mero testigo de un juego cuyas reglas no conoce bien, con actores que tampoco conoce, aunque algunos dicen que la representan, y cuyas intenciones también son muy poco claras.

Esta lucha de poderes en México, que por cierto está también extendida al interior de muchos países, está cuestionando seriamente el modelo de organización del “estado moderno democrático” que ha prevalecido en Occidente en los últimos tres siglos.

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Recordemos que el filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755), bordando sobre la propuesta del también filósofo el inglés John Locke (1632-1704), formuló la llamada “separación y equilibrio de poderes” en el libro XI de su libro El espíritu de las leyes (1748), en el que se propone la creación de los tres poderes del estado moderno: legislativo, ejecutivo y judicial. La racionalidad de esta propuesta puede ser analizada, avalada o cuestionada, desde distintas perspectivas, y sobra la bibliografía a este respecto.

Rescato dos de los motivos principales por los que se generalizó “la separación y equilibrio de poderes”, como forma de organizar al gobierno: el primero, para asegurar la defensa y protección de los ciudadanos frente a posibles actos de gobierno que lesionen la libertad de los ciudadanos; el segundo, para que ninguno de los tres poderes, se imponga a los otros dos.

Esta fórmula de gobierno, en la que se distinguen y distribuyen las funciones de legislar, ejecutar lo legislado, y resolver los conflictos que se generan en el proceso, se expresa en diversas modalidades orgánicas de gobierno, principalmente en la republicana, la cual, teniendo siempre como referencia a la Constitución, requiere de la participación de los ciudadanos en procesos electorales, lo que permite la rotación de autoridades en los cargos públicos.

Teniendo como fondo lo anterior, creo que los conflictos institucionales que estamos viviendo en México dejan de manifiesto que nuestra democracia republicana es más formal que real, aunque pareciera lo contrario. Habría que probar que el poder ciudadano es quien está intencionalmente generando esta dinámica, o si, por el contrario, es un grupúsculo de actores políticos quienes están en conflicto, defendiendo los intereses particulares que representan.

¿Cómo saber, si lo que está sucediendo fortalece las instituciones, o, por el contrario, las debilita y desprestigia? La duda vale, porque las fracciones partidistas están presentes en los tres poderes de gobierno, sobre todo en el legislativo y en el judicial, y el amor a México no suele ser el motivo de sus actuaciones.

Lo importante sería conocer lo qué piensan y prefieren la mayoría de los ciudadanos frente a los temas materia de conflicto actual entre los tres poderes, como, por ejemplo, la creación, fusión o desaparición de algunas instituciones gubernamentales. No sé cuántos mexicanos tienen clara la razón de ser de los llamados “órganos constitucionales autónomos”, instancias que no pertenecen, ni le dan cuenta a ninguno de los tres tradicionales poderes de gobierno, que cubren funciones paralelas a ellos, y que acotan sus decisiones. ¿Cuántos aceptarían que la sola existencia de los tres poderes de gobierno no asegura en sí misma el equilibrio, la racionalidad, y la transparencia de su actuación?

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En lo personal creo que se está develando la fragilidad de los principios de la representación ciudadana, de la intermediación política, y del pretendido equilibrio de poderes. Muchas de nuestras instituciones y entidades públicas son disfuncionales, y su caducidad se ha encubierto con múltiples normatividades, además de que la ciudadanía no ha visto su necesidad y relevancia.

Los partidos políticos, o los remedos que quedan de ellos, están siendo los protagonistas del conflicto, para su propia sobrevivencia, y apoyados por poderes fácticos. No se dialogan visiones de sociedad diferentes que pudieran tener grupos mayoritarios de la población. Los representantes populares no conocen lo que quieren sus representados. La intermediación política, en la modalidad de democracia representativa, no se está alimentando con la opinión de la gente, sino que responden a posturas ambiguas de sus cúpulas partidistas y de quienes las manejan. Además, la identidad mínima que justifica la existencia de un partido político ha quedado borrada al conformarse alianzas entre partidos, con la sola intención de neutralizar al partido gobernante. Aunque se quiera, eso no suena a democracia.

Los tres poderes están confrontados en lógica de camarillas políticas que defienden sus propios intereses, lícitos o ilícitos, y de quienes los patrocinan y defienden desde fuera. Los ciudadanos queremos entender y saber cómo calificar el correcto comportamiento de cada poder del Estado, y en su caso, diseñar formas renovadas de democracia directa y de organización de las funciones de gobierno.

*Especialista en temas de construcción de ciudadanía.

La Jornada Morelos

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