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Paloma Estrada Muñoz y Juliana García Quintanilla

Las mujeres participan social y políticamente en forma organizada y transmiten conocimientos, experiencias y asumen desafíos aprendiendo a construir un mundo diferente. Defender los derechos colectivos mediante las luchas de los pueblos es parte sustancial de lo que presenciamos en Morelos actualmente. 

Hace algunos años documentamos el papel de las mujeres defensoras de derechos humanos y señalamos que la violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente, por lo que es necesario fortalecer una perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres defensoras, fortaleciendo los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado. La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencia (Consideraciones finales del informe “Defensoras Somos Todas 2” CIDHM, 2016)

Durante todos estos años se ha constatado la participación creciente de mujeres en los pueblos y comunidades indígenas. Recientemente, durante la plenaria de pueblos indígenas de Morelos (Totenkakiske tomasewuatl ikniwan), llevado a cabo en el Congreso del Estado de Morelos a convocatoria de la diputada indígena Macrina Vallejo, pudimos escuchar las intervenciones de muchas mujeres, algunas de ellas en su propia lengua náhuatl, sobre diversos temas que tienen que ver precisamente con los derechos colectivos a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

En la mesa sobre Municipios Indígenas participaron los pueblos de Coatetelco, Xoxocotla, Alpuyeca, Ahuehuetzingo, Tlayacapan y otras comunidades, en donde se dijo que: “Los pueblos se organizan para exigir que lleguen los recursos económicos directamente a los pueblos indígenas y no se queden solo en las presidencias municipales. Como municipios indígenas deben utilizar adecuadamente los recursos públicos, decidiendo lo que se requiere para cada pueblo. No se debe perder la colectividad como pueblo cuando se crea el Municipio, por lo que se debe respetar la organización autónoma y la libre determinación a través de la Asamblea que es el órgano máximo en la deliberación y toma de acuerdos, tal como lo establecen los más altos estándares internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ante controversias constitucionales que tratan de limitar los derechos de los pueblos establecidos en la Constitución, se han logrado obtener sentencias y resoluciones de los tribunales electorales y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se respeten las decisiones tomadas en asamblea y no se impongan consultas desde el exterior con la finalidad de imponer megaproyectos devastadores que afectan los recursos naturales, las tierras y los territorios indígenas.

Ahí se informó que si bien es cierto existen conflictos y contradicciones en los nuevos municipios indígenas, en gran parte se debe a las decisiones externas que no respetan los usos y costumbres y las formas de organización autónoma de los pueblos. 

En el caso de Alpuyeca, se informó que ya se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Constitución, que es un proceso diferente a los de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco, que fueron creados por Decreto, por lo que solo falta la voluntad política del Congreso para respetar, cumplir y hacer cumplir la ley, para evitar la discriminación histórica que han vivido los pueblos indígenas. Por ello se propuso y aprobó un pronunciamiento de este encuentro para exhortar al Congreso del Estado para que ya se emita el dictamen sobre la Creación del Municipio Indígena de Alpuyeca.”

En defensa del territorio ante la amenaza que significa la concesión de 14 mil 338 Hectáreas para la empresa minera Zacatecas Silver, que afectaría a los pueblos de Tetlama, Cuentepec, Alpuyeca, Coatetelco y otros, se han unido para que se lleven a cabo modificaciones a la Ley Minera y se declare el Estado de Morelos en su totalidad como Territorio Libre de Minería a Tajo Abierto por metales, ya que, entre otros daños ambientales y a la salud, está el uso de más de 200 mil litros de agua cada hora para el proceso de obtención de oro y otros metales, mientras las poblaciones locales sufren de estrés hídrico y solo tienen agua una vez por semana.

Ninguna consulta puede llevarse a cabo sin respetar los principios de que sean de forma previa, libre e informada, por lo que es fundamental incluir la auto adscripción calificada de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, sin discriminación ni violencia contra las mujeres, así como los lineamientos que surjan con la participación de autoridades y pueblos indígenas que hoy se organizan y levantan la voz en defensa de sus derechos colectivos.

Nunca más un Morelos sin nosotros y nosotras. ¡Nunca más un Morelos sin el reconocimiento pleno de los Pueblos Indígenas!