(1 de 2 partes)
El presidente honorario del Grupo Carso, el multimillonario Calos Slim, pontificó en un seminario organizado hace unos días por el ITAM. “Voy a hacer una crítica a muchos conceptos cuando se habla de igualdad, pues perdón que lo diga, pero es una tontería: no se trata de igualdad, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar”. Se encontraba entre los suyos, la élite económica dominante de México. El magnate que por años ha cultivado su imagen de bonachón, buen lector, promotor de becarios, de la conservación de especies y del hombre que ha trascendido los sexenios desde Salinas hasta el actual, rebeló su verdadera posición de burgués de “clase mundial”. La desigualdad social en México no existe porque él, palabra de patriarca, la niega, le pone un velo, luz de gas, una pantalla que niega la vivencia diaria en la que la desigualdad social se reproduce gracias al abuso, el despojo y las políticas públicas que él ha aprovechado.
Minera Frisco, del conglomerado de Slim, ha concentrado 1 millón 60 mil hectáreas de concesiones mineras en 12 estados del país. Es el segundo consorcio minero con mayor acaparamiento de tierras después de Grupo Peñoles. La historia del acaparamiento de territorios de Frisco inició hace 30 años, pero entre 2005 y 2010 incrementó la monopolización de tierras y la inversión para extraer concentrados de plomo, plata, zinc, cobre y, su principal fuente de ganancia, la producción de barras de doré de oro y plata que venden casi en su totalidad a Estados Unidos. Frisco tiene 10 minas a cielo abierto, empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2011, año en el que el consorcio aumentó en cientos de miles de hectáreas los lotes concesionados. Ha vendido sus acciones en la BMV con la garantía de que cuenta con “una reserva territorial y concesiones mineras” que dan certeza sobre “la rentabilidad y crecimiento de la compañía” (Informe Financiero, 2016).
Las minas Asientos y El Porvenir se ubican en Aguascalientes, El Concheño, Ocampo y El Coronel en Chihuahua, María en Sonora, Tayahua, San Francisco del Oro y Gloria Estela en Zacatecas. Todas ellas son casos de acaparamiento y despojo con efectos ambientales desastrosos. En Baja California, Frisco se apropió de 577,457 hectáreas, es decir, el 22 por ciento de la superficie entregada por el gobierno federal a capitales mineros. Las empresas del multimillonario no se diferencian del resto de las mineras para retener territorios. En Baja California, la mina San Felipe lo hizo mediante el fraude a los ejidatarios. Esta mina inició operaciones en 1994, cuando alquiló los terrenos de uso común de una hermosa sierra en el desierto a los 212 ejidatarios del ejido Plan Nacional Agrario. En esa época, la subsidiaria de Frisco, pagaba poco más de 1500 pesos anuales a cada ejidatario. En 2010 la minera obtuvo más de concesiones. En su búsqueda de posesión completa en la sierra, los representantes del consorcio ofrecieron 2000 dólares por hectárea a cada persona ejidataria por la compra de 8,560 hectáreas. La mayor parte no aceptó pero una minoría, comprada por la empresa, sí lo hizo. Frisco ocupa ahora 45 mil hectáreas del Ejido Plan Nacional Agrario como servidumbre de paso. El gobierno federal las concesionó a la minera mediante acuerdos amañados. La empresa ha pagado menos dinero del que corresponde. “Esta compañía ha querido convertir a los ejidatarios en jornaleros de la mina”, se quejaron los campesinos durante una movilización.
Frisco ha causado desplazamientos forzosos de los pobladores originarios de las tierras, es el caso de Zalaverna en Zacatecas. Cinco de las 14 subsidiarias de Frisco, gastaron más de 10 millones de metros cúbicos de agua en la extracción de metales en Baja California, Zacatecas y Sonora. El consorcio minero de Slim ha aprovechado los territorios privatizados por los gobiernos durante tres décadas. Él aumentó su riqueza personal en tanto que las familias campesinas perdieron terrenos, agua y se enfermaron por la contaminación de sus minas.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México