El tráfico de poder político, la política manejada como mercancía para traficar con ella ilícitamente como las drogas, es una de las poderosas causas de la violencia en Morelos. Hace dos semanas, en mi última colaboración para la Jornada Morelos, al tratar el problema de Cuautla, de la denuncia de la Regidora Carmen Genis en contra del Alcalde de Cuautla, terminaba yo diciendo que una de las consecuencias de este tráfico de poder político terminaba en violencia y que ésta es una de las razones por las que necesitábamos luchar contra el tráfico de poder político. Desgraciadamente, el mismo día de la publicación de mi colaboración asesinaban a otro Regidor del Ayuntamiento de Cuautla quizás, señalan los medios, por la delincuencia organizada. El joven Regidor del PAN era hijo de la secretaria general del PAN en el estado.
En la medida en que se ha realizado este tráfico de poder políticos desde hace varios años, siempre demasiados años, genera más violencia y más tráfico de poder político; cuando ese tráfico de poder político se hace con fiscalías y magistraturas de tribunales responsables de la investigación y persecución de delitos y de la procuración de justicia, contribuye a la generación de más violencia y a más tráfico de poder político porque contribuye a la impunidad.
Ayer nos desayunamos con la noticia que el Fiscal Especializado en Anticorrupción había sido ratificado y volvió a tomar su puesto que, según el dictamen judicial, había ocupado ilegalmente el vicefiscal anticorrupción, ¿recuerda usted? Con intervención de la Marina y la policía estatal ¿Qué estaba en medio de esto? Una vez más, otro tráfico de poder político: debido a que nuestro Fiscal General había sido llevado a prisión y vinculado a proceso por un juez de la Cd. de México, pero ordenaría su liberación, nada más ni nada menos, que la propia Suprema Corte de Justicia que por gozar de “Fuero”, al hacer prevalecer este derecho sobre la vinculación a proceso por un presunto delito, le da derecho a “presuntamente delinquir”, aunque sujeto a un juicio para determinar si era inocente o culpable: “El día de ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría de votos la controversia constitucional 151/2021, donde determinó que el fiscal general del estado de Morelos no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales, debido a que cuenta con inmunidad o fuero constitucional” (Presidencia de la República, comunicado, 13 de julio de 2023)
Hace seis años, por ahí del 6 de diciembre de 2018, el actual fiscal general del estado “interpuso un amparo para evitar ser destituido por los diputados de la LIV Legislatura del estado de Morelos. Carmona fue designado con la votación de dos terceras partes del Congreso de entre la terna que envió el entonces gobernador del Estado: I.M. Ed. Javier Pérez Durón; II. M. en D. Juan Salazar Núñez, y III.- Lic. Uriel Carmona Gándara. El primer ciudadano de esta terna había sido ya Fiscal desde 2015 y era criticado en los medios de ser “sobrino político” del gobernador (La Jornada, sábado 7 de noviembre de 2015. “Al preguntarle los reporteros “si no consideraba nepotismo el lazo familiar que lo une con el gobernador… [respondió]… sería cosa de preguntar a los diputados… si la elección fue de manera legal” (Ibidem.) Los otros dos candidatos finalmente serían el Fiscal general actual, por nueve años desde esa fecha y, dice la prensa, con pensión vitalicia, y con autorización constitucional de la corte con “fuero” y, consecuentemente, con derecho para cometer delitos federales. El otro ciudadano de la terna sería el Fiscal Especializado Anticorrupción en funciones, que acaba de regresar a su puesto y ratificado, seguramente por el Congreso, hasta noviembre de 2025.
Sin duda en el tráfico de poder político está el Congreso, legal – se diría- pero tráfico ilícito e ilegítimo, que llevaría a designar a la esposa del actual fiscal magistrada del Tribunal Superior de Justicia y a declarar a la prensa el propio fiscal anticorrupción, apenas esta misma semana y a seis años de haber tomado su puesto, que de las más de 70 denuncias que presentó el actual gobernador en contra de su antecesor: “fueron hechos constitutivos de delitos… la mayoría tendremos sentencias condenatorias y con sanciones ejemplares” (La Jornada Morelos, 16 de enero, 2024). Aunque realmente lo que le preocupa y tiene en mente es postularse para participar en las próximas convocatorias para las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia.
Aunque con mucha probidad e integridad, no faltaba más, se ha excusado de participar en la investigación de las denuncias sobre “presuntas irregularidades en el proceso de asignación de magistraturas… para evitar conflictos de interés… no estoy interviniendo por obvias razones… he dado instrucciones para que no se me dé cuenta de ese tema. Lo tiene a cargo el vicefiscal.”