En fechas recientes han coincidido diversas acusaciones en contra de Huitzilac, como si ahí se confabularan para asaltar a cualquier desprevenido que ose atravesarlo de día o de noche.
Es verdad, ahí han perdido la vida muchas personas, ha sufrido secuestros y cualquier tipo de delitos, como sucede, en mayor o menor medida, en todos los municipios de nuestro estado.
En todo Morelos se vive una crisis de inseguridad y de violencia. Empresarios, ciudadanos y hasta religiosos están preocupados por esta situación, que parece habérsele salido de control a las autoridades estatales que, como lo ha reconocido el propio gobernador, se han dado cuenta que la situación es de tal gravedad que ni la Guardia Nacional ha logrado atenuarla.
En efecto, todo Morelos tiene un grave problema, pero culpar a comunidades enteras tal vez no sea la solución cuando necesitamos que los ciudadanos permanezcan unidos para enfrentar juntos un enemigo común.
El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, parece entender la situación de otra manera cuando acusa a los vecinos de Huitzilac de proteger a grupos criminales, cuando ellos son las principales víctimas. Comentó a los medios que “alguien le había dicho al gobernador” que en ese municipio se protegía a los criminales, aunque aclaró que él todavía piensa que “no todos los ciudadanos son malos”. Menos mal.
Olvidando su cargo, el Vicealmirante Diplomado de Estado Mayor, hace unas semanas recomendó que la gente se abstenga de detenerse en Huitzilac en cualquier momento del día, con lo que reconoció explícitamente el fracaso de su encargo, que es procurar la seguridad y la paz de los morelenses, entre los que se incluye a los de Huitzilac y de los que pasan por ahí.
La seguridad estatal sigue sumando puntos en contra al hacer las acusaciones afrentosas en contra de toda una comunidad. Esta es la peor manera de recuperar la confianza, no solo de los huitzilaquenses, sino de todos los morelenses. De ahí la airada respuesta que recibió la CES por parte del presidente municipal.
Las fuerzas de seguridad deberían entender que sin la solidaridad y la participación de la propia ciudadanía no podrán realizar bien su trabajo que, paradójicamente, es proteger a esa misma ciudadanía; las autoridades también deberían recordar que son los ciudadanos las víctimas inmediatas de los criminales y que en ocasiones, para ellos, no es fácil decidir entre los delincuentes y una autoridad a la que no se le tiene ni respeto ni confianza.
Aunque familias enteras de Huitzilac se dediquen a la tala de árboles o a otras actividades criminales, afrentar a una comunidad entera no ayudará a obtener información de los vecinos para perseguir a los verdaderos culpables de la inseguridad. Tal vez convendría cambiar la estrategia por una que requiera menos autojustificación ante la propia ineficiencia.