Derechos humanos digitales
Los derechos humanos juegan un papel fundamental en Internet, ya que desde mucho antes de su masificación se dieron varios casos de colectivos y sitios que promovieron la defensa de comunidades de determinados sectores. Lo que había empezado como buenas intenciones e ideas tiradas al viento en los años setenta, se empezó a concretar dos décadas después con los llamados Bulletin Board System (BBS) que abordaron el tema de los derechos humanos.
Algunos de los más destacados fueron: PeaceNet (fundado en 1986), que fue una red internacional de BBS centrada en la promoción de la paz y la democracia: la red incluía foros sobre derechos humanos, así como información de organizaciones de derechos humanos y campañas abogando por dichas temáticas. EcoNet (fundado en 1986), fue una red internacional de BBS orientada a la protección y derechos humanos del medio ambiente. Women’s Net (fundado en 1985), conformó una red de BBS con un interés en los derechos de las mujeres, incluía foros sobre derechos humanos de las mujeres, así como diversas informaciones sobre organizaciones de derechos humanos de las mujeres. Asimismo, existieron otros más pequeños interesados en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, las personas LGBTQ+ o los de las personas con discapacidad.
Hoy día esa temática está más que viva: los derechos humanos en Internet incluyen el de la libertad de expresión, el de la privacidad, el de la igualdad y el de la seguridad. Cuestiones consideradas esenciales para que las personas puedan ejercer su derecho a participar en la sociedad y a vivir una vida libre y acorde para tener una ciudadanía plena.
En ese sentido Rebecca MacKinnon —otrora periodista de la CNN, bloguera de hueso colorado, cofundadora de la organización Global Voices Online y autora de Consent of the Networked—, ha hecho de la defensa de los derechos humanos su prioridad; se ha centrado en que se deben establecer mecanismos de salvaguarda de la privacidad de los usuarios, que las plataformas tengan una política plural, incluyente y no abusar de su poder para censurar o controlar la circulación de información y los datos, lo que implica que dichas empresas deben rechazar las demandas de los gobiernos para censurar el contenido y garantizar la protección de los datos personales de sus usuarios; al mismo tiempo, ha defendido la importancia de la diversidad y la inclusión en el ciberespacio, y ha abogado por una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los derroteros de Internet.
Y esto es algo que hoy adquiere gran relieve que ya diversos informes recientes de organizaciones internacionales refieren que la situación de los derechos humanos en Internet no ha avanzado mucho. De acuerdo con el informe Derechos Humanos en Internet 2023 de la Asociación para la Promoción de los Derechos en Internet (APDP), la mayoría de los 57 países que analiza están bajo ataque: los gobiernos usan cada vez más la red para restringir la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, el Informe sobre la libertad de expresión en Internet de Reporteros Sin Fronteras, analiza la situación de la libertad de expresión en Internet en 180 naciones. El informe encuentra que la libertad de expresión en la red está en declive en todo el mundo, que los gobiernos usan cada vez más Internet para censurar a los medios de comunicación independientes y a los activistas de derechos humanos. En el caso de México su situación en Latinoamérica es de las peores, se clasifica entre los países en situación difícil junto a Bolivia, Colombia, Perú y Guatemala. Los que gozan de una situación satisfactoria en la región son Argentina, Uruguay o Costa Rica.
Esto muestra que los derechos humanos en Internet están afectados en todo el mundo. Los gobiernos son incapaces de garantizar los derechos humanos en la red, de solventar los aspectos que restringen la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Lo peor es que países que dicen poner en marcha mecanismos para garantizar mayor libertad en el ciberespacio, al mismo tiempo se implementan normas o leyes que vulneran los derechos humanos.
Un caso evidente es el caso de Argentina, en donde el presidente Javier Milei, que recientemente tomó el poder en esa nación, ha efectuado una serie de políticas destacadas en materia de Internet y nuevas tecnologías. Por un lado, estableció que Internet sea un servicio público, algo prometido durante su campaña, lo cual se traduce en que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos el acceso universal y asequible a Internet. Para ello, el gobierno ha creado un nuevo organismo, el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), que tiene la función de regular el sector de las telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa. Al mismo tiempo, ha eliminado las regulaciones que limitaban la libertad de expresión en Internet, lo que se traduce en que las personas pueden expresarse libremente en el ciberespacio, sin temor a ser censurados por el Estado. También ha impulsado medidas que apuntan a fortalecer el uso de Internet, de desregular el mercado de telecomunicaciones con el fin de generar competencia y dar paso a precios más bajos en el campo de las telecomunicaciones en general.
Pero de igual forma, ha decidido implementar un sistema nacional de reconocimiento facial en lugares públicos (aeropuertos, estaciones de tren y transportes colectivos, centros comerciales), lo que permitiría a las autoridades identificar a personas sospechosas de delitos o que hayan sido incluidas en una base de datos de personas buscadas; de igual manera, se implementará la instalación de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en las calles, que permitirían a las autoridades monitorear el movimiento de las personas y detectar posibles delitos. También habrá un sistema de reconocimiento de huellas dactilares para acceder a edificios públicos y privados, con el objetivo de verificar la identidad de las personas y evitar el ingreso de gente no autorizada.
Argentina es el vivo ejemplo de que por un lado se ofrecen marcos normativos que impulsan la libertad de expresión e incluso de políticas para ofrecer mecanismos de conexión a Internet gratuitos, que potencian uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, pero por el otro impulsa la implementación de tecnologías que vulneran otros derechos fundamentales de los seres humanos e incluso ponen en predicamento el de la misma libertad de expresión.
@tulios41