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La inseguridad y su peso electoral 

 

Mal inició el año en materia de seguridad y de política. El asesinato del regidor, Geovanni Lezama Barrera, parte de una familia panista de enorme arraigo en Cuautla, nuevamente trajo el tema de la violencia a la arena del discurso político electoral, en donde al gobierno del estado suele irle bastante mal primordialmente porque no ha dado resultados siquiera cercanos a lo deseable. 

Mal hizo entonces la administración de Cuauhtémoc Blanco en acusar a la oposición de hacer de la inseguridad y violencia una bandera política. Al final, los partidos hicieron lo que les está dado, convertirse en la caja de resonancia, algunos de forma tardía, de lo que la mayoría de los ciudadanos exige en Morelos. Así que cuando desde el Ejecutivo se les acusa de hacer política con la situación de inseguridad que padece el estado, muy pronto se puso a tiro de la oposición que, aparentemente abajo en las encuestas, pero aún no derrotada, puede recuperar parte del terreno perdido gracias a la enorme exposición que el tema de la criminalidad tiene en estados que viven crisis de seguridad. 

Mucho peor es que las declaraciones del comisionado de seguridad, José Agustín Guarneros que podrían resumirse en un terrible “y se va a poner peor”, les den la razón a quienes, desde los cada vez más espacios críticos al gobierno, usan como argumento para exigir la destitución del vicealmirante y el cambio en la estrategia de seguridad exactamente la misma teoría: “si seguimos así, se va a poner peor”, como peor se ha puesto casi cada año de la última década. 

Y no es sencillo porque días antes del asesinato de regidor, María Fernanda Rejón, una activista y artista muy querida en Morelos fue víctima de feminicidio, con lo que la terrible cifra del 2023 llegaría por lo menos a 42, a pesar de lo que diga el comisionado de Seguridad Pública. Es decir, tres de los espacios comunitarios de alta resonancia en Morelos, la política, la cultura y el activismo han sido agraviados por el crimen en las últimas tres semanas, y uno más, el sector empresarial, acumula ofensas de muchos años que incluyen robos, extorsión y homicidios. 

El problema no es electoral, ciertamente, pero se ha convertido en ello dado que la estrategia de seguridad de la administración de Cuauhtémoc Blanco no ha resultado y por la cercanía de los comicios del 2 de junio. De ahí la celeridad con que el asunto buscó contenerse desde Palacio de Gobierno y la colección de equívocos consecuentes que dieron un nuevo aire a una oposición que se apoderó del discurso político local. 

De hecho, la decisión del Ejecutivo de no hacer cambios en la estrategia de seguridad convirtió el tema en irremediablemente electoral, pues significa que para que la demanda de muchos ciudadanos se verifique primero tendrá que cambiar el gobierno, para lo que la ciudadanía tiene la vía de las urnas y la posibilidad de elegir entre tres candidatas no identificadas con el gobernador, las tres han señalado con mayor o menor fuerza, la necesidad de cambios en las políticas de prevención y combate de los delitos y protección ciudadana.  

Margarita González Saravia, la virtual candidata de Morena y sus aliados a la gubernatura, no tendría que resultar dañada por la sucesión de eventos. Ello dependerá, sin embargo, de que pueda mantener la distancia con la administración de Cuauhtémoc Blanco y de que las nominaciones de candidatos a alcaldías y diputaciones no sean también identificadas con el gobernador y su equipo. No será fácil, lleva un candidato al Senado abiertamente defensor del mandatario y probablemente el equipo del gobernador pudiera hacerse de algunas nominaciones importantes en el proceso interno de Morena. En caso de que eso ocurriera, aún podría Margarita marcar distancia de quien busca suceder en el gobierno estatal, pero tendría que hacerlo de una forma mucho más agresiva, lo que no parece estar en sus planes más por cortesía política que por practicidad electoral. 

Las crisis de seguridad no necesariamente significan triunfos de la oposición. Si bien en el 2018 se percibía en Morelos un problema de gravedad en el área, todo indica que factores económicos, sociales, y la percepción de un gobierno corrupto y soberbio influyeron en el triunfo de quienes entonces se presentaban como una alternativa. 

Si la oposición busca mejorar su posicionamiento y ponerse en posibilidades de triunfo el 2 de junio tendrá que meter otros temas en el debate y, por supuesto, frente a un electorado bastante más crítico del que se presentó en el 2018 en medio del enojo y la indignación, elaborar propuestas para mejorar la seguridad, pero también la economía, la salud, el empleo, la educación, el ingreso familiar y cada uno de la colección de pendientes que mantienen los gobiernos de Morelos desde hace por lo menos dos décadas, rezagos que se profundizaron enormemente durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. 

Y como siempre hay algo de lo que el gobernador y su equipo pueden asirse para buscar reposicionarse al interior de su partido, Morena amplió el plazo para publicar los registros aprobados a candidaturas de alcaldías y diputaciones locales y a Morelos le tocará hasta el 14 de marzo. Prácticamente en esa fecha concluiría el plazo para que el equipo del gobernador mejore mucho en todos los rubros, aunque ellos mismos advierten la facilidad de empeorar. 

No deberían necesitarse tantos muertos para cambiar. 

@martinellito 

martinellito@outlook.com