Se ha demostrado en diversas investigaciones en el país que la delincuencia acosa y corrompe principalmente a policías, fiscales y autoridades judiciales y hasta el poder ejecutivo de los gobiernos locales y estatales con las consecuencias que vivimos en Morelos y en muchas partes del país, con masacres, como la de Guanajuato. Y que no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas a los responsables de fiscalizar y vigilar los actos de corrupción de esos organismos, como al poder judicial. Esto se ha convertido ya en conocimiento popular y hasta se ha llegado a llamar a los Consejos de la Judicatura de la Federación y de los estados, los encargados de vigilar la corrupción en el poder judicial, Consejo de la Caricatura porque ni fiscalizan ni investigan la corrupción de las autoridades judiciales, entre otras razones, porque ellos mismos son juez y parte para investigarse. Existen denuncias en Morelos sobre estos presuntos actos de corrupción, incluidos los recientes nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos y antes de esos más, ¿Recuerda usted la denuncia en contra del Fiscal de Morelos y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia?
El jueves 23 de noviembre se han nombrado a los siete magistrados para ocupar las magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, a pesar de que “agrupaciones de abogados y agentes y ex agentes del ministerio público habrían denunciado la venta de magistraturas por hasta 5 millones de pesos” (J. Arellano, El Sol de Cuernavaca, jueves 23 de noviembre), entre los nuevos magistrados, se encuentra la esposa del fiscal de la entidad, asesores de dos diputados locales y varios personajes más con vínculos con políticos de la entidad. Durante el proceso de estos nombramientos “la diputada Érika Hernández Gordillo del partido Redes Sociales Progresista e integrante del Órgano Político Calificador denunció ante el pleno un proceso viciado […y que] muchos de los aspirantes no cumplían con los requisitos para ser magistrados”. Por eso el grupo G5 abandonó la reunión. Los siete nuevos magistrados ocuparán ese cargo por los próximos 14 años.
El Fiscal Anticorrupción inició una investigación de oficio, desde antes del nombramiento de los magistrados, en contra del grupo de diputados responsables de la designación de los magistrados. Este grupo se conoce como el G-15 y está integrado “por legisladores del PRI-PAN-MC-NA y algunos de Morena” (Redacción, Diario de Morelos, noviembre 7, 2023). Como ve no se escapa ningún partido político, lo que significa que la corrupción no es monopolio de ninguno de ellos, sean neoliberales, conservadores o “fifis”, ni siquiera los de Morena. El titular de la Fiscalía Anticorrupción consideró que podría haber delitos de cohecho tanto por quien ofrece el dinero como de quien lo recibe. Y, sin embargo, como usted puede ver no influyó ni seguramente influirá en nada, pues los magistrados han sido designados.
Esto ocurre cuando, según una evaluación de México Evalúa, Morelos ocupa el último lugar nacional en Consolidación de Justicia en un Ranking de capacidad institucional de la justicia penal institucional con un puntaje de 346.8. El más alto fue Querétaro con un puntaje de 1205.8.
Esto no es tan extraño, pues cuando revisamos que el número de denuncias en Morelos se ha más que triplicado entre 2020 y 2022, al crecer de 5,300 en 2020, 6,245 en 2021 y 18,303 en 2022. Pero, sorpréndase, el número de detenciones de la policía ha ido disminuyendo entre esos mismos años, al pasar de 25,919 en 2020 a 14,171 en 2022. Las denuncias aumentaron y las detenciones disminuyeron.
Esto a pesar de como lo hemos señalado en varias ocasiones en esta misma columna, hemos sido en los últimos años el primer lugar nacional en corrupción en todo el país, según la encuesta de Estado de Derecho del World Justice Project, somos el penúltimo lugar nacional en Estado de Derecho en la encuesta de 2021-2022 y el penúltimo lugar en justicia penal (pp.11-12). Además, de que ocupábamos a agosto de 2023 el segundo lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes (pccmh) y el primer lugar nacional en feminicidios.
Frente a estos procesos de denuncias de corrupción con tan poco impacto en estos procesos de designación de los responsables de procurar justicia por los próximos 14 años en Morelos, tanta violencia e inseguridad, tan poco estado de derecho y tan poca capacidad institucional de justicia penal y procuración de justicia penal, preguntémonos: ¿Qué podemos hacer frente a este entramado de inseguridad, corrupción y falta de justicia, porque nadie va a venir a salvarnos? Cuando menos, pedir una rendición de cuentas a los diputados del Congreso de Morelos, a las autoridades de seguridad del estado, a nuestras autoridades judiciales, al propio Fiscal Anticorrupción y hasta el propio Poder Ejecutivo del Estado, por qué no pedir también su renuncia o revocación de mandato mediante el procedimiento legal adecuado, incluida la de los recién designados magistrados. ¿No cree usted? Recuerde: si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a salvarnos.