Carlos Quintero J.
La explicación del fallo fue algo parecido a un discurso de consolación: “ustedes acaban de observar algo que jamás, en el tiempo que llevo de juzgador, ha acontecido”, dijo el Juez Edie Sandoval a Hugo Ochoa Delgado y José Alfredo Uribe Domínguez, imputados por el homicidio de Rafael Botello Marín, ex presidente del Club Rotario de Cuernavaca, asesinado el 2 de septiembre de 2021
“Es la primera vez que me pasa, en el sentido de que, supuestamente la defensa no recibió una información que se supone obra en la carpeta de investigación desde antes de que me solicitaran la orden de aprehensión en contra de ustedes”, manifestó el juzgador.
Habían trascurrido casi ocho horas de la audiencia, en la cual comparecieron a rendir declaración dos testigos, dos policías municipales, tres peritos especialistas en criminalística y criminología, y hasta un biólogo. Pero, a pesar de todo eso, los abogados de Ochoa y Uribe basaron su defensa en una carpeta de investigación incompleta, supuestamente manipulada.
El Juez Sandoval explicó a Hugo y José Alfredo que quedaron en estado de indefensión porque parte de la información, contenida en el archivo digital del informe de los equipos telefónicos, fue borrada de las carpetas de la defensa sin que ellos se percataran de ello. Cabe recordar que la acusación en contra de los exfuncionarios se basa, precisamente, en el análisis de los teléfonos celulares tanto de los acusados como de las víctimas.
Casi en la recta final de la audiencia de vinculación, el Juez se dirigió a los dos acusados.
“A ustedes los dejan en estado de indefensión, pero no porque no se les proporcionó la información, sino por la deficiencia de los defensores, que no verificaron todas y cada una de las constancias de la carpeta de investigación” dijo.
Hugo y José Alfredo escucharon atentos la declaración del juez, quien minutos antes preguntó a la agente del Ministerio Público, Mariana Becerra González, sobre la posibilidad de que fuera la misma defensa la que pudiera haber alterado la información.
La MP respondió que los informes telefónicos llegan primero a un área especial llamada Unidad de Técnicas de Investigación y, después, al área en donde ella se encuentraadscrita. Reconoció que no podría sostener que los abogados defensores hubieran manipulado la información.
En tanto, la defensora Lisa Elena Pérez sostuvo que la copia que la defensa había usado la recibieron directamente del Ministerio Público.
“Señoría, cuando salí ese día, incluso le mandé mensaje a la licenciada, no me va a dejar mentir, y aquí tengo los mensajes. Le dije: licenciada, ¿ya se fue? Porque lo que quería era precisamente corroborar esta información”, declaró la defensora.
Las abogadas se enfrascaron en una discusión y el juez tuvo que intervenir para calmar los ánimos.
Finalmente, se dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de las dos personas imputadas por el delito de homicidio calificado y fijó el plazo de un mes para la audiencia de vinculación a proceso penal.