El Congreso definió la asignación de siete magistraturas vacantes para el Tribunal Superior de Justicia después de un proceso que duró más de dos meses de revisión de perfiles, entrevistas con 240 aspirantes y revisión de ensayos producidos por los mismos y evaluación de cada uno de ellos, de los que se desprendió una lista más corta, con 143 integrantes.
Hasta la mañana del jueves, no había consensos para el nombramiento de quienes ocuparían las vacantes, sin embargo, durante la tarde se construyeron los acuerdos para definirlos. Por lo que el asunto se incluyó, al inicio de la sesión, en la orden del día para que las propuestas fueran votadas por cédula para cada una de las posiciones.
La diputada Marguis del Rayo Salcedo, secretaria de la Mesa Directiva, leyó el dictamen con las reglas. Los aspirantes tendrían que reunir dos terceras partes de la votación emitida por los 19 diputados presentes, 13; pero también tendría que respetarse el criterio de paridad de género. Una vez electos, rendirían su protesta en la misma sesión, y durarán en su cargo 14 años, sin poder ser removidos más que por las causas previstas en la ley.
Mientras la sesión de desarrollaba, el centro de investigación, Morelos Rinde Cuentas, una de las organizaciones promotoras de la transparencia en el proceso de renovación del Tribunal Superior de Justicia, lamentó la designación nocturna de las magistraturas “¿Qué justicia van a dejar a los morelenses?”, publicó en su cuenta de la red social X.
Calificaron el dictamen como de urgente y obvia resolución 14 diputados, mientras cinco se pronunciaron en contra. Con lo que se determinó discutir y aprobar el dictamen y elegir a los magistrados en la misma sesión.
Erika Hernández Gordillo, de Redes Sociales Progresistas, acompañada por Arturo Pérez Flores, Edi Margarita Soriano Barrera, Mirna Zavala Zúñiga y Ariadna Barrera, de Morena, se pronunció en contra de resolver en la sesión la designación de magistrados. Aseguró que no hubo análisis y calificación de los aspirantes, y denunció que en la reunión para el proceso no se discutieron los dictámenes. Por esos argumentos, el bloque de cinco diputados anunció su voto en contra de las designaciones.
Pese a la queja, el dictamen en lo general y particular fue aprobado con el voto de catorce diputados de los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morelos Progresa. El resultado de la votación provocó que los opositores al dictamen se retiraran del recinto.
La suerte estaba echada entonces. El Congreso procedería a la elección de entre los 143 aspirantes que cumplieron con los requisitos e integraron el listado final.
Diputados meten el acelerador con nueve iniciativas
A tres semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, los legisladores de Morelos presentaron proyectos de reformas jurídicas en seguridad, salud, justicia, deporte y gasto público.
El Congreso del Estado recibió para primera lectura una decena de iniciativas promovidas por diputados, entre ellas, se incluyeron reformas para reforzar la seguridad pública, el desarrollo económico, el control del gasto público y la práctica médica en las instituciones del sector salud. Sin embargo, pese a la intención de algunos legisladores para resolver la asignación de diez magistraturas pendientes, hasta el cierre de esta edición, no se había siquiera iniciado la discusión en torno a ello.
En la sesión de este jueves, el pleno del Congreso recibió la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Salud del Estado de Morelos, con el propósito de definir a la Lex Artis Ad Hoc de la medicina; presentada por la diputada Andrea Gordillo Vega. Con la propuesta, la autoridad sanitaria estaría obligada a emitir lineamientos para la práctica médica, fundados en principios científicos (reglas para el ejercicio contenidas en la literatura aceptada universalmente en los que se establecen los medios normales de atención médica), y éticos (reglas bioéticas y deontológicas aceptadas para la atención médica).
También se conoció de la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Morelos y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para implementar en el Estado la “Ley Mariana Lima Buendía”; presentada por la Diputada Edi Margarita Soriano Barrera. La modificación plantea la inclusión de sanciones contra autoridades que por negligencia de cualquier tipo omitan actuaciones en la investigación de feminicidios y la obligación de tratar como tal cualquier asesinato de mujeres.
Los diputados también conocieron del proyecto de reforma presentado por Luz Dary Quevedo Maldonado, para modificar el artículo 150 bis del código penal y endurecer las penas para quien “revele, difunda, exhiba, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique imágenes, audios o videos con contenido real, manipulado o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, en perjuicio de quien aparezca en el mismo y sin el consentimiento de la víctima”.
En la sesión se presentaron además iniciativas de Óscar Cano Mondragón, para adicionar la Ley de Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; Alejandro Martínez Bermúdez, para adicionar la Ley Orgánica del Poder Judicial; de Arturo Pérez Flores para regular la asignación de recursos del Fondo de Infraestructura Regional Municipal y crear un fondo de protección y desarrollo para el campo morelense. Mientras que Luz Dary Quevedo también propuso adicionar la ley de víctimas del estado; Ángel Adame Jiménez presentó proyecto para reformar la ley de filmaciones del estado, y Erika Hernández Gordillo incluyó la iniciativa de decreto para celebrar el Día de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos el 20 de noviembre de cada año.
Buscan los diputados etiquetar recursos para obra pública
Preocupa que en el proyecto de presupuesto 2024 del Ejecutivo no se incluyan obras importantes para el desarrollo de Morelos, por lo que uno de los temas para la negociación del presupuesto será justamente ése, advirtió el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Agustín Alonso Gutiérrez, al inicio de las reuniones entre diputados y funcionarios de la Secretaría de Hacienda local para construir acuerdos en torno al proyecto de uso de los recursos públicos para el año entrante.
Alonso Gutiérrez aseguró que el Legislativo está preocupado por la falta de obra en infraestructura educativa. “Hay muchas demandas en escuelas que no están siendo atendidas”, por lo que debe intervenirse en el presupuesto para etiquetar y puntualizar bien las obras destino de los recursos que se entregan al Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos.
Reconoció que la cancelación definitiva del aumento de dos por ciento al impuesto a la nómina, que el Ejecutivo ya contemplaba a pesar de no haberse consensuado con el sector productivo, impactará en muchos rubros del presupuesto local para el año entrante, y tal efecto tendrá que ser distribuido en diferentes capítulos del gasto. “No habrá aumento al impuesto a la nómina”, reiteró y expuso que aún con ello, se trabaja en una redistribución que dotaría de más recursos a la seguridad pública y al rubro de Salud, el Poder Judicial y otras dependencias de impacto social.
Subrayó que en la agenda de los diputados no está autorizar las libres transferencias de recursos al Ejecutivo, es decir, por segundo año consecutivo la administración de Cuauhtémoc Blanco no podría hacer redireccionamiento de recursos de un capítulo de gasto a otro, “creemos que (la prohibición) es una dinámica que se tiene que quedar para siempre entre los poderes Legislativo y Ejecutivo que juntos vean el destino de los recursos”.
Aseguró que pese al incremento presupuestal a los órganos autónomos, “vamos a salir muy bien” en el presupuesto, incluyendo la dotación de recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es el impacto más fuerte que traemos para presupuestar. No es algo que no se haya revisado, lo estudiamos todo este año y lo podemos fondear muy bien”.
Refirió que en el proyecto de presupuesto tendrá que revisarse el impacto de las jubilaciones en el Poder Legislativo y en otras esferas del gobierno estatal, para empezar a solucionarlo, “porque se nos puede volver un problema muy grave pronto”.