El incendio desatado en el Mercado “Hermenegildo Galeana” de Cuautla el pasado 3 de enero devastó más del 70 por ciento del inmueble y consumió entre 300 y 400 locales. Solo dos pasillos se libraron de las llamas. Se discute la conveniencia de demoler los restos y construir un mercado nuevo o reconstruirlo a partir de lo que queda de estructura.
En medio de las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, el Gobernador del estado y el presidente municipal de Cuautla, antes de que se conociera el alcance real del desastre, prometieron un apoyo de emergencia para los locatarios de 20 mil pesos, el cual, a estas fechas aún no se entrega.
Ayer, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajodel gobierno estatal, Ana Cecilia Rodríguez, trató de explicar la tardanza por la eliminación de la partida de libre transferencia de que gozaba el gobierno estatal hasta el pasado ejercicio presupuestal: “los apoyos emergentes se ven frenados por la eliminación de la libre transferencia; cambian las reglas para operarlos y con ello, los apoyos están frenados. Son consecuencias de estos cambios”, dijo.
La libre transferencia de recursos entre las distintas partidas del erario se ha visto, ya desde hace tiempo, como una consecuencia de la mala planeación administrativa de los gobiernos, como un foco de corrupción al interior de éstos y como una usurpación de las facultades del Poder Legislativo. Es una anomalía que se ha tratado de combatir y no una bolsa para atender desastres.
Lo que demuestra la funcionaria, además de la intención política por desacreditar a las diputadas y diputados que enmendaron el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, es, precisamente, una falta de planeación de las finanzas estatales pues la atención de imprevistos, accidentes o emergencias deberían estar consideradas en partidas específicas del presupuesto y, si acaso los recursos fueran insuficientes, existen mecanismos legales y ordinarios para ampliarlos.
Cabe recordar que, en su proyecto de presupuesto, el Ejecutivo pretendía conservar la disposición libre de algo así como 17 mil millones de pesos de los que podría transferir de manera discrecional más de 600.
Un indicador de la mala planeación administrativa de cualquier gobierno es la variación que existe entre lo presupuestado (lo que se planea gastar) y lo ejercido (lo que se terminó gastando al final del ejercicio), que nunca son iguales porque la operación de un gobierno es un reflejo de la propia dinámica social, por eso la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de las políticas de buen gobierno, considera aceptable una variación en el ejercicio presupuestal de alrededor del 15 por ciento, hacia arriba o hacia abajo.
En 2019 la variación en el ejercicio presupuestal del gobierno de Morelos fue del 37 por ciento, en ese ejercicio tuvo una variación del mil setecientos ochenta y un por ciento más de lo previsto en gastos de oficina. En los ejercicios presupuestales de 2021 tuvo diferencias notables en algunas de sus partidas, como el de salud (77 por ciento más) y educación (26 por ciento más).
Este tipo de variaciones son consideradas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) como “una simulación contable que muestra el desapego a los presupuestos. Esta práctica permite gastar sin transparentar, sin rendir cuentas a los ciudadanos y sin tener que justificar las prioridades del gasto”.
La discrecionalidad en el ejercicio del gasto público es algo que se combate mundialmente mediante vigilancia, informes periódicos del ejercicio y, sobre todo, mediante la salvaguarda del papel del Legislativo como contrapeso a las acciones del Ejecutivo.
Justamente eso concluyó la Suprema Corte de Justicia en abril del año pasado, cuando establecieron como inconstitucional la iniciativa del Ejecutivo para disponer discrecionalmente de los ahorros que obtuviera la administración pública federal, pues “ello es incompatible con la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos (…) En efecto conforme a nuestro marco constitucional, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos y autorizar el destino y monto del gasto público federal para cumplir con los objetivos constitucionales”, asentó la ministra ponente, Norma Piña, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Piña indicó que si bien debe haber flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente con eficacia a cuestiones imponderables, como la disminución o aumento de los egresos previstos para cubrir el presupuesto, no se puede llegar al extremo de que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y monto del gasto público federal para delegar esta función en el presidente del país. Y si no se puede a nivel federal, quizá tampoco se pueda en Morelos.
Zafra
Y, cuando se acuerden de dárselos ¿les bastarán 20 mil pesos a los locatarios del Hermenegildo Galeana?