No es secreto para nadie que uno de los problemas ancestrales de nuestro país es la corrupción. También es evidente para todos que corrupción que ha alcanzado nuestro país representa un lastre para todos, particulares, instituciones, gobernantes y propuestas de gobierno.
El desvío de recursos que deberían ser de utilidad para todos y que por algún acto torcido termina en las cuentas bancarias de algún funcionario, es criminal no solo porque así lo diga la ley, sino porque atenta contra el bienestar común de una sociedad que, como la nuestra, tiene recursos muy limitados. Y todo esto es verdaderamente indignante cuando los principales afectados son los niños estudiantes de escuelas básicas y sus familias.
Nuestro compañero Carlos O. Morales publica hoy un reportaje basado en declaraciones del presidente del CDE del PRI Morelos, Jonathan Márquez quien, expresamente, acusa a Eleacin Salgado de la Paz, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), por cometer o, por lo menos, tolerar diversos actos de corrupción durante su administración.
Estos actos que van desde la compra de diversos artículos a sobreprecio y cobro de inscripciones en los planteles educativos del estado, hasta amiguismo y desvío de recursos que deberían servir para educar a los niños morelenses, para la realización de actos partidistas.
Desde luego, se podrá alegar algún interés por parte de quien acusa, finalmente es un político en activo, líder de una organización estatal, pero también es un ciudadano morelense. Como se le quiera ver, son afirmaciones que no deberían quedar sin respuesta cuya puntualidad podría esclarecer intereses particulares o evidenciar mala fe. En caso contrario, si se opta por fingir que no se sabe nada, se podría pensar en una afirmativa ficta.
Pero el esclarecimiento de los casos que denuncia Márquez no solo debería quedar en la respuesta del funcionario aludido, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del estado que, hay que reconocerlo, se ha mantenido muy ocupada con ediles, exfuncionarios y policías, también se debería preocupar por esclarecer denuncias que involucran a altos funcionarios del Ejecutivo.
Este no es un tema menor y hay un dato que todos los gobernantes, en Morelos y en todo el país, deberían tomar en cuenta: las escuelas públicas de los hijos son ventanas sin matices de muchas familias hacia la administración pública y hacia la forma en que trabaja su gobierno. En la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, después de la familia inmediata, la confianza de la población mexicana se deposita en las escuelas públicas de nivel básico, antes que el ejército, que ninguna institución y, desde luego mucho, muchísimo antes, que en los gobiernos estatales. Sobre todo, en una entidad como Morelos con una alta percepción de corrupción, según la misma Encuesta.
La pérdida de esta confianza por cuotas indebidas, pagos de uniformes que nunca llegaron o la falta de pupitres y pizarrones, puede tener consecuencias políticas para cualquier gobernante o para funcionarios con aspiraciones políticas. Ojalá, aunque sea por eso, se inicien investigaciones a fondo y se informe con claridad a la opinión pública.
Zafra
Tres fiscalías, dos versiones y una joven víctima.