Agrupaciones de abogados y representante de Ministerios Públicos en Morelos exigieron a los diputados del Congreso del Estado a no designar a los allegados a candidatos a la gubernatura así como a ex diputados y servidores públicos como magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En conferencia de prensa, Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Agentes y ex Agentes del Ministerio Público en Morelos llamó a los legisladores a evitar el nombramiento de la esposa del Fiscal General, María Luisa Sánchez Osorio como magistrada del Poder Judicial por un lapso de 14 años.
Explicó que los legisladores no deberían de nombrar a personajes que sólo tienen experiencia política y no jurídica, tal es el caso de Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, Carlos Benítez Urióstegui y Miguel Enrique Lucia Espejo quiénes son identificados como cercanos a aspirantes a la candidatura de Morelos.
Además de Francisco Santillán Arredondo quién su único mérito es haber sido diputado local y presidente del partido Nueva Alianza, además de Arturo Loza Flores, María Luisa Sánchez Osorio -esposa de Uriel Carmona Gándara fiscal general-, Eduardo Horacio López Castro quien fue sólo regidor de Temixco, así como Elizabeth Lázaro Torres.
“No señores diputados recuerden esto, están próximas las elecciones del 2024 y ustedes van a buscar reelegirse, seguramente los institutos políticos sabrán cuál ha sido su postura y me refiero al grupo G-15, ya que se están peleando las magistraturas me consta que están pidiendo cinco millones de pesos por cada magistratura”, explicó.
Por ello, López Ortiz, dijo que incluso quien también tendría asegurada la magistratura, es el exfiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, quien enfrenta diversos procesos por ejercer de manera deshonesta su función como servidor público, además de esconder y desaparecer carpetas de investigación iniciadas contra su exjefe y exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.
A los abogados se unieron integrantes del Colectivo Cuernavaca, quienes además advierten la toma del Congreso y su sede alterna, en caso de evitar la cancelación del proceso para designar a los togados.