Con la selección de una lista reducida de aspirantes que cumplen con los requisitos para ocupar una de las diez magistraturas del Poder Judicial, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala dijo que se buscan los consensos necesarios para dar tales nombramientos.
Refirió que por parte del órgano calificador ya se aplicaron los filtros para depurar perfiles, y ahora ya se enfilan los idóneos para desempeñarse como impartidores de justicia por los próximos 14 años.
Sánchez Zavala confió en alcanzar los acuerdos necesarios y que las designaciones puedan darse en las siguientes sesiones, incluso antes de que concluya el periodo ordinario el próximo 15 de diciembre.
“Tenemos poco tiempo, espero que si se logren los acuerdos, los consensos y podamos nombrar a los siete magistrados que requiere el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las 3 vacantes qué hay en la sala regional en Cuautla, esto para iniciar con el desahogo del trabajo que existe. Espero que se logren, nosotros le vamos a dar ese impulso desde la Mesa Directiva y que, finalmente se tengan esas representaciones”, dijo.
La convocatoria para las magistraturas vacantes fue atendida por 245 aspirantes a ocupar una, a los 10 espacios disponibles, no obstante, el presidente del Congreso ponderó que la lista ya es menor, aunque no especificó cuántos aspirantes se mantienen en la contienda.
El tema de la designación ha sido muy polémico desde un inicio; primero debido a la inconformidad que causó la aprobación de los retiros voluntarios para magistrados en activo, acto que derivó en la promoción de una controversia constitucional desde el Ejecutivo local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; hasta los señalamientos de presuntas opacidades en el proceso.
Tales señalamientos provienen de algunos diputados, quienes han pedido la suspensión de los nombramientos; organizaciones civiles que pugnan por la transparencia en las distintas etapas de la convocatoria, principalmente en revelar los perfiles de los aspirantes, pues se presume que pueda existir conflicto de interese al estar inscritos colaboradores de diputados, hasta la denuncia hecha por el propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo por la supuesta venta de dichos espacios en la cantidad de 5 millones de pesos.